Autor: Ana Zeballos

En 2017, la red Social Watch solicitó a sus coaliciones nacionales miembros y a otras organizaciones de la sociedad civil que informaran sobre los comienzos de la implementación nacional de la Agenda 2030. En muchas de las respuestas, el término recurrente es “estancamiento” o incluso “retroceso”. Los desastres naturales y no naturales, algunos de ellos de proporciones catastróficas, aparecen una y otra vez, no solo como un obstáculo para un progreso más rápido hacia los objetivos acordados, sino, de hecho, alejándonos de las metas. En varios informes nacionales, los mayores obstáculos y la falta de progreso se relaciona con una dependencia excesiva de las asociaciones público-privadas (APP), impulsadas por el Banco Mundial como modo de financiar la implementación de los ODS.

La pregunta más relevante sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es si estos se implementarán de manera universal e integrada y que proteja y amplíe los derechos humanos –lo que sería lógico, dado el alcance y ambición de los ODS– o si su implementación se reducirá a un conjunto de proyectos financiables y delegados a las grandes empresas. En gran parte esto depende de cómo se mida el progreso, en particular, respecto de la coherencia de las políticas. ¿Se medirá según criterios de derechos y sustentabilidad o según un “menú” elegido para celebrar el éxito de algunas medidas e ignorar otras?

Con argumentos contradictorios, el Banco Mundial define un umbral de pobreza muy bajo que posibilitaría su erradicación con relativamente poco esfuerzo y, al mismo tiempo, argumenta que es necesario “pasar de billones a trillones” (en la acepción inglesa de las cifras). Para lograrlo, promueve una “cascada” de asociaciones con el sector privado. Los ganadores son los grandes intermediarios financieros, que apalancan estas asociaciones, mientras que los pobres podrían terminar pagando tarifas adicionales por servicios esenciales.

El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y la Universidad de Oxford llevan a cabo una investigación participativa internacional sobre las dimensiones de la pobreza y cómo medirlas. Se formaron equipos nacionales de investigación compuestos por académicos, profesionales y personas que viven en la pobreza en seis países: Bangladesh, Bolivia, Francia, el Reino Unido, Tanzania y Estados Unidos, para implementar el enfoque de “fusión del conocimiento” que perfeccionamos durante 20 años; esto permite que las personas que viven en la pobreza trabajen como coinvestigadores en igualdad de condiciones con otros participantes.3 En Ucrania, se llevará a cabo una iniciativa de investigación complementaria.

El ODS 2, “[p]oner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, articula una de las mayores aspiraciones de la Agenda 2030. Junto con el ODS 1 que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas, el ODS 2 marca gran parte del sentimiento y los valores que impulsan la implementación de la Agenda 2030. No progresar en los ODS 1 y 2 indicaría el fracaso de toda la Agenda. Sin embargo, aunque nadie puede estar en desacuerdo con el noble objetivo expresado en el ODS 2, el empeño por lograrlo podría ocultar impulsos no tan nobles. La implementación del ODS 2 tiene lugar dentro del enfrentamiento entre dos visiones alternativas de la alimentación y nutrición: un modelo de agricultura industrial a gran escala, cuyo objetivo es maximizar la productividad a corto plazo sobre la base de soluciones técnicas, y una visión de agroecología y agricultura sustentable a pequeña escala, basadas en el derecho humano a la nutrición y alimentación adecuadas.