Autor: Ana Zeballos

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados unánimemente por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 abordan de manera exhaustiva los principales problemas mundiales, como la aceleración del calentamiento global, las crecientes desigualdades, la pobreza, la discriminación de género, la violencia y el conflicto, y las fallas estructurales de los sistemas económicos y financieros globales. La Agenda 2030 es universal. Ningún país puede considerar que ya tiene un desarrollo sustentable ni que ya hizo su parte para alcanzar los ODS.

En la Agenda 2030, los gobiernos se comprometieron a revitalizar la Asociación Mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas deben desempeñar un rol fundamental para alcanzar los ODS. Sin embargo, en las últimas décadas, la combinación de ideologías neoliberales, cabildeo empresarial, políticas fiscales convenientes para las empresas, y elusión y evasión de impuestos ha derivado en un debilitamiento masivo del sector público y de su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales. Las mismas estrategias empresariales y políticas fiscales y regulatorias que generaron este debilitamiento han permitido una acumulación sin precedentes de riqueza individual y una mayor concentración del mercado. Los defensores de la privatización y las asociaciones público-privadas (APP) utilizan estas tendencias para presentar al sector privado como el más eficaz en brindar los medios necesarios para implementar los ODS. Sin embargo, diversos estudios y experiencias de las comunidades afectadas han demostrado que la privatización y las APP suponen riesgos y costos desproporcionados para el sector público e, incluso, pueden exacerbar las desigualdades, reducir el acceso equitativo a los servicios esenciales y poner en peligro los derechos humanos.
Ya es hora de contrarrestar estas tendencias, reclamar políticas públicas y medidas audaces para fortalecer las finanzas públicas, reconsiderar las APP y reducir el control de las empresas transnacionales sobre la vida de las personas.

En 2017, la red Social Watch solicitó a sus coaliciones nacionales miembros y a otras organizaciones de la sociedad civil que informaran sobre los comienzos de la implementación nacional de la Agenda 2030. En muchas de las respuestas, el término recurrente es “estancamiento” o incluso “retroceso”. Los desastres naturales y no naturales, algunos de ellos de proporciones catastróficas, aparecen una y otra vez, no solo como un obstáculo para un progreso más rápido hacia los objetivos acordados, sino, de hecho, alejándonos de las metas. En varios informes nacionales, los mayores obstáculos y la falta de progreso se relaciona con una dependencia excesiva de las asociaciones público-privadas (APP), impulsadas por el Banco Mundial como modo de financiar la implementación de los ODS.

La pregunta más relevante sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es si estos se implementarán de manera universal e integrada y que proteja y amplíe los derechos humanos –lo que sería lógico, dado el alcance y ambición de los ODS– o si su implementación se reducirá a un conjunto de proyectos financiables y delegados a las grandes empresas. En gran parte esto depende de cómo se mida el progreso, en particular, respecto de la coherencia de las políticas. ¿Se medirá según criterios de derechos y sustentabilidad o según un “menú” elegido para celebrar el éxito de algunas medidas e ignorar otras?

Con argumentos contradictorios, el Banco Mundial define un umbral de pobreza muy bajo que posibilitaría su erradicación con relativamente poco esfuerzo y, al mismo tiempo, argumenta que es necesario “pasar de billones a trillones” (en la acepción inglesa de las cifras). Para lograrlo, promueve una “cascada” de asociaciones con el sector privado. Los ganadores son los grandes intermediarios financieros, que apalancan estas asociaciones, mientras que los pobres podrían terminar pagando tarifas adicionales por servicios esenciales.