Autor: Ana Zeballos

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados unánimemente por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 abordan de manera exhaustiva los principales problemas mundiales, como la aceleración del calentamiento global, las crecientes desigualdades, la pobreza, la discriminación de género, la violencia y el conflicto, y las fallas estructurales de los sistemas económicos y financieros globales. La Agenda 2030 es universal. Ningún país puede considerar que ya tiene un desarrollo sustentable ni que ya hizo su parte para alcanzar los ODS.

En la Agenda 2030, los gobiernos se comprometieron a revitalizar la Asociación Mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas deben desempeñar un rol fundamental para alcanzar los ODS. Sin embargo, en las últimas décadas, la combinación de ideologías neoliberales, cabildeo empresarial, políticas fiscales convenientes para las empresas, y elusión y evasión de impuestos ha derivado en un debilitamiento masivo del sector público y de su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales. Las mismas estrategias empresariales y políticas fiscales y regulatorias que generaron este debilitamiento han permitido una acumulación sin precedentes de riqueza individual y una mayor concentración del mercado. Los defensores de la privatización y las asociaciones público-privadas (APP) utilizan estas tendencias para presentar al sector privado como el más eficaz en brindar los medios necesarios para implementar los ODS. Sin embargo, diversos estudios y experiencias de las comunidades afectadas han demostrado que la privatización y las APP suponen riesgos y costos desproporcionados para el sector público e, incluso, pueden exacerbar las desigualdades, reducir el acceso equitativo a los servicios esenciales y poner en peligro los derechos humanos.
Ya es hora de contrarrestar estas tendencias, reclamar políticas públicas y medidas audaces para fortalecer las finanzas públicas, reconsiderar las APP y reducir el control de las empresas transnacionales sobre la vida de las personas.