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Para implementar la Agenda 2030 se deben reconocer las obligaciones extraterritoriales

La pregunta más relevante sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es si estos se implementarán de manera universal e integrada y que proteja y amplíe los derechos humanos –lo que sería lógico, dado el alcance y ambición de los ODS– o si su implementación se reducirá a un conjunto de proyectos financiables y delegados a las grandes empresas. En gran parte esto depende de cómo se mida el progreso, en particular, respecto de la coherencia de las políticas. ¿Se medirá según criterios de derechos y sustentabilidad o según un “menú” elegido para celebrar el éxito de algunas medidas e ignorar otras?

¿A favor de los pobres o a favor de las empresas?

Con argumentos contradictorios, el Banco Mundial define un umbral de pobreza muy bajo que posibilitaría su erradicación con relativamente poco esfuerzo y, al mismo tiempo, argumenta que es necesario “pasar de billones a trillones” (en la acepción inglesa de las cifras). Para lograrlo, promueve una “cascada” de asociaciones con el sector privado. Los ganadores son los grandes intermediarios financieros, que apalancan estas asociaciones, mientras que los pobres podrían terminar pagando tarifas adicionales por servicios esenciales.

Medición de la pobreza extrema: ¿quién decide qué?

El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y la Universidad de Oxford llevan a cabo una investigación participativa internacional sobre las dimensiones de la pobreza y cómo medirlas. Se formaron equipos nacionales de investigación compuestos por académicos, profesionales y personas que viven en la pobreza en seis países: Bangladesh, Bolivia, Francia, el Reino Unido, Tanzania y Estados Unidos, para implementar el enfoque de “fusión del conocimiento” que perfeccionamos durante 20 años; esto permite que las personas que viven en la pobreza trabajen como coinvestigadores en igualdad de condiciones con otros participantes.3 En Ucrania, se llevará a cabo una iniciativa de investigación complementaria.

¿Facilitar la captura corporativa o invertir en agricultura sostenible a pequeña escala y agroecología?

El ODS 2, “[p]oner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, articula una de las mayores aspiraciones de la Agenda 2030. Junto con el ODS 1 que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas, el ODS 2 marca gran parte del sentimiento y los valores que impulsan la implementación de la Agenda 2030. No progresar en los ODS 1 y 2 indicaría el fracaso de toda la Agenda. Sin embargo, aunque nadie puede estar en desacuerdo con el noble objetivo expresado en el ODS 2, el empeño por lograrlo podría ocultar impulsos no tan nobles. La implementación del ODS 2 tiene lugar dentro del enfrentamiento entre dos visiones alternativas de la alimentación y nutrición: un modelo de agricultura industrial a gran escala, cuyo objetivo es maximizar la productividad a corto plazo sobre la base de soluciones técnicas, y una visión de agroecología y agricultura sustentable a pequeña escala, basadas en el derecho humano a la nutrición y alimentación adecuadas.

Las megafusiones en los agronegocios ponen al descubierto la necesidad de contar con una convención de la ONU sobre competencia

Los gobiernos tienen tres opciones en cuanto a políticas: primero, pueden bloquear una o las tres fusiones actuales dentro de sus propias fronteras; segundo, pueden recurrir al CSA para que tome medidas en este asunto cuando se reúna en octubre de 2017; y, tercero, el CSA y la UNCTAD podrían trabajar en conjunto para desarrollar una convención de la ONU sobre competencia. ¿Es realmente posible un tratado tan provocativo como este?

Influencia empresarial en la agenda global de salud

Diversas industrias intentan influir en la agenda nacional y global de salud, descripta en el ODS 3 sobre salud y bienestar, en función de sus intereses comerciales. Algunas de ellas son: (1) las industrias que están en el negocio de fabricación o venta de productos de salud, como medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y suplementos de nutrición; (2) las industrias cuyos productos tienen efectos adversos directos en la salud, como tabaco, armas, alcohol, alimentos y bebidas, automóviles y productos químicos; y (3) las industrias que se benefician del aumento de los servicios de salud, como aquellas que se ocupan de seguros y tecnología de información y comunicación. Respecto de las dos primeras, dado su interés proactivo en una mayor venta de sus productos, su influencia puede derivar en arreglos técnicos sin tratar los determinantes sociales de la salud y poniendo obstáculos a las políticas para abordarlos. Respecto de la segunda, su interés defensivo consiste en desacelerar un enfoque integral hacia la atención médica, especialmente las estrategias de prevención, ya que cualquier intento de fomentar la salud pública tendría como resultado la regulación de sus prácticas empresariales. Promueven, en cambio, arreglos supuestamente rápidos con sus productos y servicios.