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Diversas industrias intentan influir en la agenda nacional y global de salud, descripta en el ODS 3 sobre salud y bienestar, en función de sus intereses comerciales. Algunas de ellas son: (1) las industrias que están en el negocio de fabricación o venta de productos de salud, como medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y suplementos de nutrición; (2) las industrias cuyos productos tienen efectos adversos directos en la salud, como tabaco, armas, alcohol, alimentos y bebidas, automóviles y productos químicos; y (3) las industrias que se benefician del aumento de los servicios de salud, como aquellas que se ocupan de seguros y tecnología de información y comunicación. Respecto de las dos primeras, dado su interés proactivo en una mayor venta de sus productos, su influencia puede derivar en arreglos técnicos sin tratar los determinantes sociales de la salud y poniendo obstáculos a las políticas para abordarlos. Respecto de la segunda, su interés defensivo consiste en desacelerar un enfoque integral hacia la atención médica, especialmente las estrategias de prevención, ya que cualquier intento de fomentar la salud pública tendría como resultado la regulación de sus prácticas empresariales. Promueven, en cambio, arreglos supuestamente rápidos con sus productos y servicios.

Necesitamos sistemas de protección social basados en la solidaridad y los riesgos compartidos, y creados a partir de negociaciones colectivas y diálogos sociales, estructuras democráticas y estrategias a largo plazo para combatir la pobreza y contrarrestar las desigualdades y la falta de equidad. La protección social universal es esencial para lograr la igualdad de género.

El ODS 4 y la meta 4.1 para garantizar que los jóvenes “terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita” hasta ahora se han reflejado principalmente en la movilización de sindicatos de docentes y organizaciones de la sociedad civil en contra de escuelas privadas “de bajo costo”, en especial aquellas administradas por la empresa Bridge International Academies, y en contra del apoyo que el Banco Mundial les proporciona a estos especuladores en educación. Sin embargo, esta es solo una de las dimensiones de la privatización y la comercialización que debemos investigar al analizar el cumplimiento del ODS 4.

La prestación privada de servicios de educación pública, en particular cuando estos servicios son gratuitos o de bajo costo, tiende a verse como algo muy sospechoso por parte del movimiento mundial por el derecho a la educación.

Existen muchas razones para creer que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un paso hacia el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. No solo hay numerosas metas interrelacionadas con el ODS 5 sobre la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, sino que también existen metas específicas en otros 11 objetivos que vinculan los derechos de las mujeres con las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental). Sin embargo, los ODS no reconocen de forma explícita las conexiones entre los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y las reformas estructurales necesarias en la gobernanza y las políticas económicas mundiales. Una de las dimensiones de las dinámicas económicas mundiales que debe abordarse es la función del sector privado y, particularmente, los límites que deben establecerse para el poder corporativo.

Los servicios públicos atienden nuestras necesidades más básicas, pero, en el mundo, muchas comunidades continúan luchando para gozar plenamente su derecho a esos servicios. En todo el mundo, las comunidades han resistido los modelos financieros privados y lucrativos para servicios públicos esenciales, como el agua y el saneamiento. La experiencia ha demostrado que servicios de agua y de saneamiento de buena calidad que satisfagan las necesidades de todas las personas sin discriminación, respondan ante las personas a las que asisten y cuiden las cuencas hídricas deben ser de operación, financiamiento y propiedad públicos.