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En la confluencia histórica de civilizaciones, pueblos, religiones y culturas fuertemente entrelazadas, la región de Oriente Medio y África del Norte también presenta grandes obstáculos para lograr el ODS 6. La escasez característica de agua y las graves consecuencias del cambio climático se combinan con amenazas causadas por el ser humano y que son el resultado de una gobernanza débil con respecto al agua, una distribución desigual, una infraestructura deficiente, el índice de fuga de capitales más alto del mundo, megaproyectos que alteran los principales cursos de agua y la privatización paulatina de este recurso vital.

Durante los últimos 15 años, hubo un aumento significativo en la cantidad de comunidades que pasaron servicios privatizados de agua y saneamiento nuevamente a las manos del sector público: un fenómeno denominado “remunicipalización”.

La energía es una de las necesidades básicas de la humanidad y se la reconoce debidamente en la Agenda 2030 como un componente fundamental para el progreso humano. El ansia mundial de energía parece insaciable y muchos países persiguen el desarrollo del sector energético a cualquier costo. El costo, por lo tanto, será una carga para la próxima generación. La actitud actual para alcanzar el ODS 7, también en relación con los demás ODS, es inadecuada. El ODS 7 promete: garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos; aumentar de manera considerable la participación de la energía renovable en la matriz energética mundial; duplicar el índice mundial de mejoras en la eficacia energética. Estas metas requerirán inversiones que van más allá de los negocios habituales de las familias, del gobierno en todos los niveles y de las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Si bien el papel de las empresas es fundamental y puede ser constructivo, los intereses corporativos también trabajan para debilitar este objetivo.

La desigualdad ha dividido al mundo; 80% de la población mundial vive con menos de 10 dólares al día. La proporción de los salarios en el ingreso nacional ha disminuido constantemente durante décadas, en paralelo con la erosión de las instituciones del mercado laboral. Las políticas neoliberales, las medidas de austeridad implementadas en respuesta a la reciente crisis económica mundial y los recortes del gasto público en países desarrollados y en desarrollo han tenido un impacto negativo en los trabajadores de bajos ingresos, especialmente mujeres y niñas que suelen ser las que sustituyen con su trabajo no remunerado la pérdida de servicios. Se observa un aumento sin precedentes en la participación laboral informal y precaria, donde la presencia de las mujeres es excesiva. El alivio de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres deberían estar conectados con el crecimiento de los ingresos y los salarios. La igual remuneración y un salario mínimo vital deben formar parte de los objetivos de la política social y económica. Para alcanzar el ODS 8 sobre “el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos”, necesitamos un cambio radical que acabe con la inacción y que genereinversiones específicas y reformas laborales destinadas a la creación de un mercado laboral inclusivo que garantice el acceso equitativo de las mujeres al trabajo pago y decente, su representación en la toma de decisiones y su capacidad para acceder a servicios públicos y educación de buena calidad.

La Agenda 2030 incluye como ODS 9 el compromiso de “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La introducción de este objetivo en la Agenda 2030 es un logro para los países en desarrollo que varían considerablemente en términos de población, ingresos, tamaño y estructura económica, sistema político y cultura, pero comparten la característica común de un sector industrial subdesarrollado. Para implementar el ODS 9 se necesitan políticas industriales activas que tengan en cuenta aspectos de desigualdad y sostenibilidad.

Las asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura no son muy diferentes de las APP en general, ya que presentan los mismos problemas: los contratos son complicados, legalistas y rígidos; los costos de los préstamos para el sector privado suelen ser siempre más elevados que para el gobierno; en una situación de semimonopolio, existen varias oportunidades para “engañar al sistema” y así aumentar las ganancias; dejar que el sector privado asuma riesgos siempre tiene un costo adicional; los inversionistas privados muy rara vez se comprometen a aportar dinero a los países más pobres; las APP poseen costos ocultos (se estima que representan 10% del valor general) en concepto de pago a consultores, servicios bancarios, abogados y profesionales similares; no hay ningún tipo de eficacia inherente al sector privado; los contratos con el sector privado siempre traen consigo el potencial para la corrupción; el sector privado prefiere proteger su ventaja comercial por medio del ocultamiento; supervisar las APP durante el periodo de vigencia del contrato es sumamente complejo; y la lista continúa.