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¿Consolidar la miseria o catalizar las oportunidades? La economía política de las desigualdades en África Oriental

Durante los últimos años, la economía de los Estados miembros de la Comunidad de África Oriental (CAO) ha crecido a pasos agigantados, y la región ha tenido un aumento de 6% anual en el PIB desde 2011. Estas tasas de crecimiento han sido proclamadas como la prueba de que la región finalmente ha realizado un cambio estructural en su economía y esto se considera un presagio de los grandes logros que vendrán. Además, el potencial que surge de los recientes descubrimientos de hidrocarburos y las industrias extractivas en general, así como la tan esperada renovación de la infraestructura ferroviaria, vial y portuaria, antes en ruinas, también han servido para impulsar el optimismo.

La mercantilización sobre la comunidad: financierización del sector inmobiliario y su amenaza al ODS 11 y el derecho a la vivienda

El ODS 11 propone “[l]ograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Este objetivo se enfoca principalmente en el derecho a una vivienda adecuada. La meta 11.1 compromete a los gobiernos, de aquí a 2030, “a asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados […]”. Las demás metas del ODS 11 parten de allí: mejorar los asentamientos informales, garantizar el acceso a un servicio de transporte que conecte las viviendas con los lugares de trabajo y los servicios sociales, garantizar la participación en la planificación y la gestión de asentamientos humanos y garantizar protección ante los efectos de los desastres naturales. Durante mucho tiempo, todos estos compromisos han sido reconocidos como obligaciones centrales de los Estados respecto del cumplimiento progresivo del derecho a una vivienda adecuada. El desafío más grande del cumplimiento de este derecho para 2030 es el dominio sin precedentes que imponen las empresas financieras en el sector inmobiliario.

Recuperación de NUESTRO transporte público

El transporte urbano es un sector en el que los ámbitos industrial y político están muy conectados. El transporte público es un servicio fundamental del que dependen millones de personas en todo el mundo. Las autoridades públicas son actores fundamentales en este sector por su función de empleadores y como los encargados de la toma de decisiones. El sector posee una gran importancia estratégica en la vida económica y social de las ciudades.

Cuatro pasos importantes para poner en práctica el compromiso transformativo de la Nueva Agenda Urbana para el trabajo decente y ciudades inclusivas y sostenibles (ODS 11)

En octubre de 2016, más de 30.000 representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, sindicatos, empresas, el sector académico, el sector de planificación urbana y la sociedad civil se reunieron en Quito, Ecuador, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III, HIII), donde los representantes estatales adoptaron la Nueva Agenda Urbana (New Urban Agenda, NUA),1 las directrices de la ONU diseñadas para servir como referencia de las políticas de urbanización durante los próximos 20 años. La NUA está directamente relacionada con la implementación del ODS 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles”.

El fenómeno de las “aerotrópolis”: desarrollo de alto riesgo que boicotea los ODS

Junto con la globalización, una nueva forma de desarrollo comercial centrada en los aeropuertos se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Como nodos en los sistemas de producción mundial que ofrecen velocidad y conectividad, los “aeropuertos urbanos” se están convirtiendo en “ciudades aeropuerto” o “aerotrópolis”. Al igual que otras ciudades, la aerotrópolis consiste en un núcleo central con círculos de desarrollo que se extienden hacia afuera. Sin embargo, su núcleo es un aeropuerto, y todo el desarrollo que lo rodea apoya la industria aeroportuaria y, a su vez, es apoyado por ella.

Normas vinculantes sobre empresas y derechos humanos: un requisito previo importante para garantizar el consumo sostenido y los patrones de producción

La transformación de nuestro mundo, tal como lo indica el título de la Agenda 2030, requiere cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. El sector privado tiene un rol particular en este contexto. Sin embargo, con mucha frecuencia existe una brecha considerable entre los compromisos sociales y ambientales que las empresas asumen y los efectos reales de sus actividades en las personas y el ambiente. En el ámbito internacional, los instrumentos para responsabilizar a las empresas por abusos de los derechos humanos y la violación de normas sociales y ambientales son débiles. Incluso en la Agenda 2030, los gobiernos solo deben “alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sustentabilidad en su ciclo de presentación de informes” (meta 12.6 de los ODS). Frente a la deficiencia de los instrumentos actuales, son cada vez más los gobiernos, las ONG, los académicos e, incluso, los representantes de empresas que solicitan normas jurídicamente vinculantes sobre las empresas y los derechos humanos.