Archivo mensual: marzo 2018

En octubre de 2016, más de 30.000 representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, sindicatos, empresas, el sector académico, el sector de planificación urbana y la sociedad civil se reunieron en Quito, Ecuador, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III, HIII), donde los representantes estatales adoptaron la Nueva Agenda Urbana (New Urban Agenda, NUA),1 las directrices de la ONU diseñadas para servir como referencia de las políticas de urbanización durante los próximos 20 años. La NUA está directamente relacionada con la implementación del ODS 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles”.

Junto con la globalización, una nueva forma de desarrollo comercial centrada en los aeropuertos se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Como nodos en los sistemas de producción mundial que ofrecen velocidad y conectividad, los “aeropuertos urbanos” se están convirtiendo en “ciudades aeropuerto” o “aerotrópolis”. Al igual que otras ciudades, la aerotrópolis consiste en un núcleo central con círculos de desarrollo que se extienden hacia afuera. Sin embargo, su núcleo es un aeropuerto, y todo el desarrollo que lo rodea apoya la industria aeroportuaria y, a su vez, es apoyado por ella.

La transformación de nuestro mundo, tal como lo indica el título de la Agenda 2030, requiere cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. El sector privado tiene un rol particular en este contexto. Sin embargo, con mucha frecuencia existe una brecha considerable entre los compromisos sociales y ambientales que las empresas asumen y los efectos reales de sus actividades en las personas y el ambiente. En el ámbito internacional, los instrumentos para responsabilizar a las empresas por abusos de los derechos humanos y la violación de normas sociales y ambientales son débiles. Incluso en la Agenda 2030, los gobiernos solo deben “alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sustentabilidad en su ciclo de presentación de informes” (meta 12.6 de los ODS). Frente a la deficiencia de los instrumentos actuales, son cada vez más los gobiernos, las ONG, los académicos e, incluso, los representantes de empresas que solicitan normas jurídicamente vinculantes sobre las empresas y los derechos humanos.

Si bien la Agenda 2030 y los ODS reconocen la necesidad de utilizar los recursos naturales de manera sostenible, no existe ninguna referencia específica al uso de recursos no renovables, como los metales, los minerales o los combustibles fósiles. Esta es una omisión grave, ya que la extracción de recursos no renovables de su ubicación original es una actividad inherentemente insostenible, por la que los costos y los beneficios deben abordarse con atención. La extracción de estos recursos a una escala industrial contribuye a muchos de los males del desarrollo insostenible (corrupción, estancamiento económico, violaciones de los derechos humanos, degradación del ambiente, etc.) que ahora la Agenda 2030 pretende corregir. A pesar de las limitaciones de la Agenda, si los ODS se implementaran completamente, la pregunta no sería si esto afectaría la gobernanza de la extracción de recursos y las industrias extractivas, sino qué alcance tendrían las consecuencias.

La influencia de las empresas transnacionales es el mayor obstáculo para lograr el ODS 13, que insta a los Estados a “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Durante mucho tiempo, las empresas transnacionales han dependido de su enorme poder económico y político y han usado métodos tanto sutiles como evidentes para menoscabar las iniciativas de la ONU que buscan lograr sustentabilidad y justicia globales. Esta fuerza se hace evidente, en especial, en la captura corporativa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Si se debe proteger la equidad y la sustentabilidad, según se plasma en la Agenda 2030, la ONU y sus instituciones deben evitar involucrar a las empresas transnacionales en la formulación de políticas globales, lo que incluye las actividades e iniciativas indirectas que influyen sobre las medidas tomadas por cualquier órgano normativo, no solo en lo que respecta al cambio climático, sino en todas las áreas de desarrollo y sustentabilidad.

A pesar de la importancia de un océano Pacífico saludable, hay cada día más pruebas de que este ecosistema único está en peligro por amenazas antropogénicas, como la sobrepesca, la destrucción del hábitat, la contaminación y, probablemente, la amenaza más grave de todas: el cambio climático y el consecuente aumento del nivel del mar. El apuro por explotar yacimientos en aguas profundas representa el nuevo límite de la industria extractiva y, quizá, la mayor amenaza a los océanos del mundo en el siglo XXI. Existe una gran preocupación por el hecho de que la minería de los fondos marinos tendría la capacidad de causar la mayor destrucción medioambiental en todo el océano Pacífico y debilitaría gravemente la implementación del ODS 14, que trata sobre conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. El hecho de que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos no cuente aún con una política acordada respecto de la gestión sostenible de los minerales de los fondos marinos demuestra la importante brecha mundial en el ordenamiento de los océanos.