Archivo mensual: marzo 2018

Al igual que en otros sectores, la política de biodiversidad ha sido influenciada de manera considerable por las teorías económicas neoliberales de los economistas ambientales, quienes han promocionado la privatización y la mercantilización de los valores y “servicios” que aporta la biodiversidad, al igual que los mecanismos basados en el mercado y la participación comercial en la política de biodiversidad en general. Lamentablemente, la referencia a los servicios de ecosistemas en virtud del ODS 15 sobre el uso de ecosistemas terrestres abre la puerta a dichas tendencias, que cada vez se enfrentan a una mayor oposición por parte de ciertos países en desarrollo. Un ejemplo es la influencia de los intereses corporativos en el sector forestal, ya que las empresas han intentado deliberadamente socavar algunas metas relacionadas con los bosques en el ODS 15. Además, la promoción de las asociaciones público-privadas (APP) y de la combinación de finanzas privadas y públicas facilita la captura corporativa de la política sobre biodiversidad, lo que podría frustrar una agenda de cambio transformativa.

La biodiversidad es la base de la agricultura que necesitamos; una agricultura que pueda aumentar la producción de manera sostenible, alimentar a las personas a través de dietas variadas y ser resiliente a las tensiones ambientales. Es evidente que el modelo convencional e industrial de agricultura falla en muchos aspectos. La necesidad de un cambio de paradigma hacia prácticas agrícolas basadas en la biodiversidad, como la agroecología, es cada vez más urgente, en especial a la luz del cambio climático.

En septiembre de 2015, se alcanzó un compromiso a escala mundial para lograr el desarrollo sostenible para todos, sin dejar a nadie rezagado, con la adopción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Etiquetado como “uno de los objetivos más polémicos” o con “orígenes controvertidos”, el ODS 16 ocupó su lugar entre los 17 objetivos, mediante la reafirmación de que la paz, la justicia, las instituciones efectivas y responsables, así como las sociedades inclusivas, son requisitos previos para un desarrollo sostenible. El ODS 16 se distinguió por su naturaleza transformativa, ya que requiere una implementación genuina, un control efectivo y una mayor rendición de cuentas para el progreso general de la Agenda 2030. No obstante, en la actualidad no hay un verdadero progreso respecto de este objetivo.

La industria militar y de seguridad privada ha crecido de manera constante desde mediados de la década de 1980. En 2009, el mercado de seguridad mundial se estimaba entre 100.000 millones y 165.000 millones de dólares por año, con una tasa de crecimiento anual de 7% u 8%.1 Esto significa que, en la actualidad, la industria rondaría entre 170.000 millones y 300.000 millones de dólares. Además, en un estudio realizado en 2011, se calculó que la cantidad de empleados en el sector de seguridad privada formal era de entre 19,5 y 25,5 millones en todo el mundo, una cifra que supera la cantidad de oficiales de policía en el planeta.

La ONU calcula que se paga un billón de dólares en sobornos por año, mientras que más del doble de esa cantidad (2,6 billones de dólares) se roban anualmente en casos de corrupción. Esto corresponde a más de 5% del PIB mundial. En cambio, los resultados de un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que es más probable que el fraude y las irregularidades se den en organizaciones cerradas y reservadas.

El ODS 17, “[f]ortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”, articula las medidas claves que se espera desbloqueen el progreso en pos de la Agenda 2030. Se contextualiza y complementa con la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) y los medios de implementación específicos de cada ODS. Si bien la sociedad civil denunció su insuficiencia para cumplir con las ambiciones de la Agenda 2030, el marco combinado de medios de implementación y la AAAA ofrece puntos de entrada útiles para continuar con el progreso. Dos problemas principales dificultan la implementación: la negativa de los países desarrollados a participar en una democratización de la gobernanza económica mundial y la parcialidad del sector privado dominante.