¿Qué equilibrio entre público y privado promueven las Naciones Unidas?

Print Friendly, PDF & Email

Por Barbara Adams, Gretchen Luchsinger

English version, Swedish version

Descargue aquí la versión pdf de este artículo.

Lograr el equilibrio adecuado entre las funciones y responsabilidades del sector público y privado en la financiación para el desarrollo y en el proceso Post-2015 será fundamental para las perspectivas de desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que este balance está muy sesgado a favor de los intereses privados. ¿Estamos viendo un proceso de tercerización de la agenda internacional?

No hay duda de que las empresas de todo el mundo son fuente de crecimiento y empleo. Pero también son la fuente de las amenazas más graves para el desarrollo sostenible -desde la contaminación a los flujos financieros ilícitos- que socavan las perspectivas para de los recursos públicos.

¿Podemos tener una agenda de desarrollo transformadora sin que los negocios se transformen? ¿Es hora de un nuevo modelo de negocios basado totalmente en la sostenibilidad y la inclusión como principios operativos inherentes, no opcionales?

¿Simplemente más negocios como de costumbre?

En las audiencias de FpD3 con el sector empresarial de la semana pasada, el tema parecía ser el de siempre, vamos a hacer más de lo mismo. Las sesiones cubrían cómo aumentar la colaboración público-privada y cómo fomentar a las pequeñas y medianas empresas, en el supuesto aparente de que más es mejor. ¿Lo es? Todo esto podría suceder bajo el actual modelo de crecimiento, ser completamente insostenible y profundizar la ya grave marginación. Sin embargo, esto no parecía ser una preocupación relevante.

¿Qué se discutió en lugar de esto? Un orador hizo hincapié en que los riesgos no son tan grandes en muchos países en desarrollo, ya que muchos inversores piensan que se puede hacer más dinero en ellos que en los países ricos. Un representante de la industria de los fertilizantes hizo varias intervenciones sin que nadie señalara los enormes costos ambientales y sociales de estos productos o incluso que los principales productores comerciales han comenzado a ver los méritos de los enfoques de fertilizantes libres para la gestión del suelo.

¿Qué dice el documento borrador cero de FpD3 al respecto?

Con el documento borrador cero de FpD3 finalmente sobre la mesa, un orador en las audiencias con el sector empresarial consideró que contiene un lenguaje positivo para los negocios y pidió que se aliente a las empresas y a la industria financiera a involucrarse y a sentir que son parte de la solución, no del problema. El borrador en sí hace referencia a que las empresas juegan un “papel fundamental”, y les pide que participen como “socios en el proceso de desarrollo”.

¿Pero realmente qué antecedentes tienen las empresas de ser parte de la solución en tanto esto no sea un mandato y un requisito obligatorio, especialmente en la amplia escala sistémica, necesaria para el desarrollo sostenible? ¿Cuál es el incentivo para que las 200 corporaciones más grandes del mundo, cuyas ventas combinadas ahora supera el tamaño de las economías de 182 países, ejerzan de alguna manera su enorme poder e influencia más allá de mantener el status quo, que tantos beneficios les ha brindado?

El borrador cero evita cualquier referencia fuerte a un área en la que el sector privado podría fomentar en muchos países en desarrollo. Eso implica el tipo de industrialización que ofrece empleos decentes, bien remunerados, respetando los derechos humanos y los límites ambientales. Este proceso reestructura y diversifica las economías, por lo que los países saldrían de la dependencia de relativamente bajo rendimiento, de actividades volátiles como los productos agrícolas primarios. Muchos de los países que hoy son ricos siguieron políticas industriales que les permitieron tomar este camino. Pero esto es casi imposible bajo los actuales regímenes de comercio e inversión, que están dominados por países ya ricos y por las corporaciones. Los países más pobres en particular tienen pocas posibilidades de entrar en la economía mundial de una manera que impulse industrias nacionales y empleos decentes.

¿Medicamentos para quién?

El borrador cero incluye la misma referencia a los medicamentos “esenciales” que aparece en las conversaciones de post 2015. Global Policy Watch ya ha informado sobre la presión que hay para degradar el idioma internacional acordado sobre el acceso a los medicamentos, ya que algunos países cabildean fuertemente para lograr una definición más restrictiva a medicamentos “esenciales”. ¿Quién se beneficia con esto? ¿La gigantesca industria farmacéutica tiene intención de proteger los beneficios? ¿Los gobiernos, que ahora son elegidos cada vez más gracias al financiamiento electoral privado? Probablemente no todas las personas… y mucho menos el planeta, teniendo en cuenta las grandes cantidades de medicinas que acaban en los suministros de agua.

¿Incentivos para quién?

En las audiencias FpD3 con el sector empresarial hubo una serie de charlas sobre cómo los actores del sector público deben estar mejor preparados para trabajar con el sector privado. Los gobiernos tienen que incrementar sus habilidades para preparar proyectos, por ejemplo, y entender cómo desarrollar propuestas atractivas para los socios privados. Como señaló un orador, “al capital le gusta la rentabilidad predecible, ajustada al riesgo”. Probablemente al igual que a la mayoría de la gente, pero que no cuenta con el poder para insistir en que sus necesidades serán atendidas por encima de todo.

¿Todo esto implica que la estructura de incentivos funciona solo en una dirección? ¿Hay un supuesto según el cual debemos tener menos confianza en la capacidad del sector público, por lo tanto, este debe hacer más para operar en términos de empresariales? ¿Aun cuando estas condiciones pueden haber sido las mismas que han llevado a los actuales patrones altamente inequitativos e insostenibles de desarrollo?

¿Por qué es conveniente insistir en los objetivos de la financiación pública en la forma de asistencia para el desarrollo del Sur, como ha ocurrido esta semana durante la primera ronda de negociaciones formales de FpD3, pero afirman que el uso de objetivos para controlar los costos de las remesas para las personas en su mayoría en la parte baja de la cadena laboral interferirá innecesariamente con los mecanismos de mercado?

Podemos hablar, como hicieron los ponentes en las audiencias con el sector empresarial, sobre el “levantamiento” de la calificación soberana de crédito (establecido por agencias privadas) con proyectos bien estructurados (por las instituciones públicas haciéndolas atractivas para los inversores privados) y que atraiga inversiones (de nuevo para el sector privado). Teniendo en cuenta que los incentivos públicos y privados están actualmente tan mal alineados, es difícil imaginar cómo las entidades públicas que operan cada vez más de acuerdo a los intereses privados se mantendrán al día con sus responsabilidades públicas primarias, como los principales garantes de los derechos de protección de la sostenibilidad, la inclusión y los derechos humanos. Pero ¿hasta qué punto deben los proyectos vitales para el bienestar humano y ambiental ocurrir independientemente de que una empresa asuma el problema?

¿De quién es el contrato social?

Es cierto que grandes sumas de dinero ahora se encuentran en manos privadas. Sin embargo, en lugar de centrarse principalmente en el desvío de algunos fondos para el desarrollo sostenible, se necesita hacer preguntas más profundas sobre los modelos de negocio que en su mayoría no son sostenibles o inclusivos. Estos deben ser transformados o la gran ambición de un desarrollo sostenible estará en tela de juicio.

El desarrollo sostenible es un concepto que reconoce las relaciones entre las personas y el planeta; entre las políticas económicas, sociales y de medio ambiente; a través de diferentes países, con su espectro de diferentes capacidades y responsabilidades. Es, en cierto sentido, una especie de contrato social, basado en los derechos humanos indivisibles, que brinda a todos quienes están hoy con vida, con plena consideración hacia las generaciones por venir.

Sin embargo, muchas empresas, alentadas por años de desregulación, piensan en sí mismas como si existieran fuera de este contrato social. O como si les fuera posible seleccionar las piezas que les son útiles, a través de estrategias deliberadas para reducir las facturas de impuestos, como si fueran trabajadores mal pagados que luego tienen que depender de programas de protección social pagados por los impuestos.

Como un grupo privilegiado, son capaces de fijar sus propias normas, en su mayoría relacionadas con su propia supervivencia y rentabilidad, y esperan que el sector público no se interponga en el camino. Las grandes transnacionales han llevado tan lejos este enfoque que algunos gobiernos han pedido en las Naciones Unidas un marco jurídicamente vinculante para regular y proporcionar protección adecuada, justicia y reparación a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

Un contrato social con exenciones o exclusiones abiertas está condenado a colapsar. Muchas empresas podrían estar de acuerdo en que un contrato sea vinculante, no opcional. Debe acogerse y cumplirse, y no se puede seleccionar y escoger, sin excepciones.

Por Barbara Adams, Gretchen Luchsinger

Fuente: Global Policy Watch.

También te podría gustar...