ODS 9. Alternativas a las APP: más desprivatizaciones

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Por la Internacional de Servicios Públicos (ISP)

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Los servicios públicos de calidad son la base de una sociedad justa y una economía fuerte. Estos servicios hacen que nuestras comunidades y economías sean más equitativas, resistentes a la recesión y a los desastres, y protegen a los más jóvenes, los enfermos, los desempleados, los discapacitados, los ancianos y los vulnerables. Los servicios públicos de calidad son uno de los principales mecanismos del Estado para cumplir sus obligaciones en materia de realización de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la justicia social. Son fundamentales para la aplicación de los objetivos y metas de la Agenda 2030, incluido el ODS 9 sobre la construcción de infraestructuras resilientes.

Los servicios públicos de calidad también sustentan la economía al proporcionar infraestructura pública, investigación e innovación, una mano de obra sana y cualificada, así como instituciones judiciales y reguladoras fuertes y estables. Para que sean universalmente disponibles y accesibles, los servicios públicos de calidad deben garantizar un acceso para todos, libre de discriminación, como un derecho legalmente exigible. La mayoría de los servicios públicos son más eficientes y eficaces cuando son propiedad y están gestionados por la mano pública. En consecuencia, la mayoría de los servicios públicos del mundo siguen siendo de propiedad y gestión públicas.

La lucha contra la privatización no es solo una lucha por detener la venta de nuestros servicios públicos; es una lucha por el tipo de sociedad a la que aspiramos, por la justicia social y la equidad. Existe suficiente riqueza en nuestras economías para movilizar la inversión pública requerida si las corporaciones y los más ricos pagan su parte justa. Las consecuencias de una inversión insuficiente en servicios públicos de calidad son un menor crecimiento, una mayor desigualdad, una menor cohesión social y una inevitable reacción política que se utiliza actualmente para alimentar el racismo, el nacionalismo y la xenofobia.

Los servicios públicos como objetivo de la privatización

Sin embargo, las ganancias potenciales de los servicios públicos, combinados con tres décadas de propaganda neoliberal global, hacen de los servicios públicos un objetivo para la privatización por parte de los que buscan el lucro corporativo. Solo el sector de la salud tenía un valor de más de 7 billones de USD en 2013, lo que equivaldría a un 10 por ciento del PIB mundial, y con un aumento del 5 por ciento anual. Se estima que la educación tiene un valor adicional de 3 billones de USD. El agua es uno de los recursos más esenciales y potencialmente valiosos del planeta (ver el ODS 6 en este informe).

Aquellos que buscan beneficiarse de la privatización promueven una serie de mitos. A medida que la privatización se convirtió en una lacra para las relaciones públicas en la década de los 90, las corporaciones comenzaron a promover las alianzas público-privadas (APP). A la vez que las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos trabajan por denunciar las APP, sus tácticas evolucionan con el desarrollo constante de nuevas herramientas corporativas igualmente peligrosas.

En los últimos años, el sector empresarial ha realizado grandes inversiones para facilitar la privatización de los servicios públicos. Su estrategia implica la creación de un «ambiente propicio» legislativo y regulatorio para atraer y proteger a los inversionistas privados, financiando la infraestructura como un tipo de activo, así como los centros subvencionados por el gobierno para preparar un flujo de proyectos rentables. Los Estados utilizan cada vez más los fondos públicos —como impuestos, fondos de pensiones y asistencia oficial para el desarrollo (AOD)— para compensar cualquier riesgo para los inversionistas privados. Los acuerdos de libre comercio también se emplean para crear un entorno que facilite las privatizaciones.

Además, los límites arbitrarios a los préstamos y gastos del gobierno facilitan las privatizaciones. El aumento de la deuda se utiliza a menudo como pretexto para privatizar los activos, en lugar de exigir que las empresas y los más ricos paguen los impuestos que les corresponden. La ONU, el G20 y la OCDE han llamado recientemente a una mayor inversión privada en los servicios públicos y las infraestructuras. Es alarmante que muchos en el movimiento sindical mundial y en la sociedad civil han tardado en oponerse.

Contrariamente a la retórica de la eficiencia del sector privado, uno de los principales impulsores de la privatización es el beneficio que se espera obtener de los recortes de puestos de trabajo y la reducción de los costos laborales. La privatización se utiliza para romper los convenios colectivos de los sindicatos, reducir los salarios, empeorar las condiciones laborales, introducir el trabajo precario y destruir los sindicatos.

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son la última mutación de la privatización en áreas como la rehabilitación de delincuentes, el trabajo juvenil y los servicios de empleo. Estos refuerzan la falsa idea de que solo el sector privado puede innovar, convierten los servicios sociales complejos en instrumentos financieros, que son difíciles de administrar, y destinan los recursos a remediar los síntomas de los problemas sociales y no sus causas. Los BIS también pueden reducir los salarios, reemplazar a los trabajadores cualificados por voluntarios y crear un nuevo y aceptable rostro «social» para la inaceptable privatización de los servicios sociales.

La privatización, la subcontratación y el uso de trabajadores temporales no son neutrales en cuanto al género, sino que afectan desproporcionadamente a los sectores con un mayor porcentaje de mujeres. También bloquean el acceso a aquellos servicios públicos de calidad que deberían servir para aliviar la carga del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres y facilitar su integración en el mercado laboral (ver el Capítulo 4 de este informe). Asimismo, crean trabajo precario que socava los derechos laborales, afectando desproporcionadamente a las mujeres. La privatización, la subcontratación y el uso de trabajadores temporales suelen dar lugar a servicios más caros y menos flexibles. El proceso de concesión de ganancias extraordinarias a las empresas privadas crea condiciones propicias para la corrupción financiera y política que apenas se menciona.

Siempre que no pueden detenerse la privatización, la subcontratación y el uso de trabajadores temporales, la organización de los trabajadores en los servicios privatizados es la mejor manera de proporcionar salarios y condiciones dignas para estos trabajadores y una manera importante de frenar la competencia salarial y la destrucción de los derechos de los trabajadores, que se utilizan como fuerza para la privatización.

A menudo se le dice al público que las privatizaciones son difíciles o imposibles de revertir, pero esto hace caso omiso de la evidencia de cientos de casos en los que los gobiernos han logrado que los servicios privatizados —a menudo privatizaciones fallidas— vuelvan a las manos públicas. Los sindicatos como la ISP apoyan la reversión de la tendencia a la privatización, promueven ejemplos de éxito y ayudan a sus afiliados a revertir la privatización. Se oponen a los acuerdos comerciales que cubren o afectan los servicios públicos porque, a menudo, dificultan, encarecen o imposibilitan la reversión de la privatización.

Las alianzas público-públicas consisten principalmente en el hermanamiento de fuertes empresas de servicios públicos con empresas de servicios públicos más débiles para resolver conjuntamente los problemas y mejorar la calidad de los servicios, generalmente, mediante la transferencia de conocimientos técnicos, preservando al mismo tiempo el empleo digno. Cuando los gobiernos no renuevan los contratos con los operadores privados o los rescinden anticipadamente, las alianzas público-públicas suponen una forma viable de acceder a los conocimientos técnicos.

De Nueva Delhi a Barcelona y de Argentina a Alemania, miles de políticos, funcionarios, trabajadores, sindicatos y movimientos sociales están reclamando o creando servicios públicos —e infraestructuras— para atender las necesidades básicas de las personas y responder a los desafíos ambientales. Esto se hace a menudo a nivel local.

Tendencia creciente a la (re)municipalización

Un informe reciente titulado «Reclaiming Public Services» (recuperación de los servicios públicos), realizado por el Transnational Institute y coeditado por organizaciones de todo el mundo, ofrece una detallada visión global de las nuevas iniciativas en materia de propiedad pública y la variedad de enfoques para la desprivatización. El informe muestra que ha habido al menos 835 ejemplos de (re)municipalización de servicios públicos en todo el mundo desde el año 2000, en los que han participado más de 1.600 municipios de 45 países.

¿Por qué se reivindican en todo el mundo los servicios esenciales a los operadores privados? Existen muchas motivaciones: para acabar con el abuso del sector privado, recuperar el control de la economía local, proporcionar a la gente servicios asequibles o aplicar estrategias climáticas ambiciosas.

La remunicipalización se está llevando a cabo en pequeñas ciudades y en las capitales, siguiendo diferentes modelos de propiedad pública y con distintos niveles de participación de ciudadanos y trabajadores. Sin embargo, empieza a cristalizarse una imagen clara: es posible construir servicios públicos eficientes, democráticos y asequibles. Podemos decir que no al continuo declive de la calidad de servicios y a la subida de los precios. Cada vez son más las personas y las ciudades que cierran el capítulo de la privatización y vuelven a poner los servicios esenciales en manos del sector público. Las conclusiones generales del informe pueden resumirse en los 10 puntos siguientes:

1. Existen mejores soluciones que la privatización.

2. La remunicipalización es mucho más común de lo que se supone y funciona.

3. La remunicipalización es una respuesta local a la austeridad.

4. La remunicipalización es una estrategia clave para la transición y la democracia energéticas.

5. Llevar los servicios de vuelta a casa es, en última instancia, más barato para las autoridades locales.

6. La remunicipalización impulsa unos servicios públicos mejores y más democráticos.

7. La remunicipalización presenta 835 razones más para luchar contra los acuerdos comerciales y de inversión.

8. Lecciones aprendidas: No recurrir a la privatización en primer lugar.

9. La remunicipalización ofrece oportunidades para una propiedad pública nueva, diversificada y democrática.

10. Las ciudades remunicipalizadas y los ciudadanos están trabajando conjuntamente y creando redes de cooperación.

Bibliografía

Kishimoto, Satoko/Petitjean, Olivier, eds. (2017): Reclaiming Public Services. How cities and citizens are turning back privatization. Amsterdam y París.
www.tni.org/reclaiming-public-services

Notas:

1 Publicado por Transnational Institute (TNI), Multinationals Observatory, Austrian Federal Chamber of Labour (AK), European Federation of Public Service Unions (EPSU), Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Public Services International (PSI), Public Services International Research Unit (PSIRU), We Own It, Norwegian Union for Municipal and General Employees (Fagforbundet), Municipal Services Project (MSP), Canadian Union of Public Employees (CUPE).

2 Kishimoto/Petitjean, eds. (2017).

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