ODS 8. ¿Qué políticas se necesitan para alcanzar el Objetivo 8? La receta sindical para la aplicación de los ODS

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Por Paola Simonetti
Confederación Sindical Internacional (CSI)

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La aplicación de las normas internacionales del trabajo, incluyendo la libertad sindical, la negociación colectiva y el diálogo social, como medio de aplicación de la Agenda 2030

La promoción de la Agenda de Trabajo Digno sigue siendo el principal objetivo de la participación sindical en la Agenda 2030. Basada en los derechos y la apropiación democrática, la Agenda de Trabajo Digno es la base del desarrollo sostenible, en contraposición a las intervenciones paliativas.

Los derechos humanos y laborales, la libertad de asociación, la negociación colectiva y el diálogo social no solo son ingredientes esenciales para un crecimiento económico sostenible, sino que son los pilares para construir la democracia. La construcción y el fortalecimiento de los procesos democráticos es, a su vez, la piedra angular de un desarrollo justo.

La evidencia demuestra que el diálogo social puede fomentar el progreso socioeconómico y ser un instrumento de gobernanza para el desarrollo sostenible,1 constituyendo una forma esencial de aplicación de los ODS. Reunir a los representantes de los trabajadores y de los empleadores a la hora de tomar decisiones que afectan a las condiciones sociales, económicas y medioambientales refuerza la estabilidad institucional. Sin embargo, esto requiere un entorno propicio respaldado por el respeto de los derechos laborales y el pleno reconocimiento del papel de los sindicatos.

Aplicar marcos amplios de política de empleo y apoyar a las instituciones del mercado laboral

El debilitamiento de las instituciones del mercado laboral es una causa principal del aumento de la desigualdad. El paradigma del “ajuste estructural” que ha regido el desarrollo desde la década de los 80 ha tenido el efecto indeseable de reducir la capacidad que tienen las instituciones del mercado laboral para moderar la desigualdad del mercado. A fin de aplicar y lograr el ODS 8 sobre el crecimiento sostenible y el trabajo digno, se requieren amplios marcos nacionales de política laboral basados en el principio de la coherencia de las políticas para el desarrollo. Los gobiernos deben elaborar y aplicar estrategias macroeconómicas favorables al empleo que cuenten con el apoyo de políticas comerciales, industriales, fiscales y de infraestructura progresivas, incluyendo inversiones en educación y desarrollo de aptitudes, empleo juvenil, igualdad y economía del cuidado.

Debería prestarse especial atención a la inspección del trabajo (Convenios de la OIT sobre inspección del trabajo C81 y C129).

Estos marcos políticos deberían desarrollarse a través de consultas tripartitas en las que participen los gobiernos y los interlocutores sociales, que son los pilares para garantizar la solidez y el funcionamiento de las políticas e instituciones del mercado laboral.

Aplicar un salario mínimo vital con la plena participación de los interlocutores sociales

La pobreza de los trabajadores sigue siendo un reto importante en todo el mundo. Teniendo en cuenta que los trabajadores pobres representan más de 700 millones de personas, será imposible cumplir con los ODS hasta 2030 si no se aborda esta cuestión. La aplicación de un salario mínimo legal que garantice ingresos que permitan a las personas vivir con dignidad es esencial para reducir la pobreza.

La disminución de la participación de los salarios en muchos países ha contribuido a las deficiencias de la demanda agregada, lo que ha sido perjudicial para el crecimiento y el empleo a nivel nacional, así como para la economía mundial.

Quienes se oponen a un salario mínimo vital a menudo argumentan que los trabajadores vulnerables no se beneficiarán porque sus empleos desaparecerán cuando aumente el costo de la mano de obra. Sin embargo, la OIT ha señalado que un aumento del salario mínimo no tiene un efecto directo sobre el empleo. Los hallazgos indican frecuentemente que los efectos sobre el empleo son próximos a cero y demasiado pequeños para poder observarlos en las estadísticas.2 En sus Perspectivas del empleo para 2016, la OCDE destaca, además, un mayor uso de las cualificaciones, el incremento de la productividad y la reducción de los efectos de la pobreza en el empleo que se derivan del aumento de los salarios mínimos.

Los salarios mínimos deberían tener en cuenta el costo de vida, basarse en la evidencia, revisarse y ajustarse periódicamente (por ejemplo, en función de la inflación). Deben garantizarse los derechos de negociación colectiva para lograr salarios justos por encima del salario mínimo.

Garantizar una protección social adecuada y universalmente accesible, de conformidad con el Convenio 102 y la Recomendación 202 de la OIT, tomando medidas para crear un espacio fiscal para los servicios sociales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que solo el 29 por ciento de la población mundial disfruta de una protección social completa.3 La baja cobertura mundial de la protección social se produce a pesar de la base jurídica y operativa para que los gobiernos garanticen un nivel adecuado de protección social para todos (Convenio 102 de la OIT y, más recientemente, Recomendación 202).4

A menudo, los gobiernos y las instituciones internacionales aducen que la inasequibilidad de los planes universales de protección social son un motivo para reducir el acceso a la protección social. Sin embargo, las estimaciones de la OIT sugieren que las prestaciones básicas de seguridad social costarían menos del 2 por ciento del PIB, mientras que una serie de prestaciones básicas para todos los que no tienen acceso a la seguridad social costaría menos del 6 por ciento del PIB.5 A la hora de evaluar sus implicaciones presupuestarias, debe considerarse el potencial de la protección social para fomentar el empleo, crear puestos de trabajo, potenciar el desarrollo de calificaciones y contribuir al crecimiento económico en general.6 Centrarse únicamente en los costos iniciales de la protección social ignora la posibilidad de que el gasto social sirva de “inversión” social positiva para generar una mayor resiliencia. Los trabajadores y los sindicatos también deberían desempeñar un papel fundamental en el diseño, la aplicación, la gestión y la supervisión de los sistemas de protección social. La negociación colectiva y el diálogo social son requisitos previos a este respecto.

Además, los gobiernos son responsables de proporcionar un espacio fiscal adecuado para fomentar las políticas sociales y deben luchar para eliminar los paraísos fiscales, especialmente en tiempos de crisis. Esto puede realizarse de diversas maneras, por ejemplo, mediante sistemas fiscales más redistributivos, abordando los flujos financieros ilícitos, la evasión y el fraude fiscales, reasignando el gasto público y potenciando el empleo formal a fin de aumentar los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social.7

Domar el poder corporativo: garantizar la responsabilidad, la transparencia y la “diligencia debida” de las empresas en las cadenas de suministro mundiales

El modelo económico actual se basa en la “codicia corporativa”, que implica la negación de los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores. Esto debe cambiar. La integración de las economías nacionales en los mercados mundiales y la expansión de las cadenas mundiales de suministro han intensificado la competencia y han llevado a las empresas a reducir los costos laborales mediante la reestructuración, la contratación externa y la deslocalización. Esto, a su vez, ha acentuado la presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo. En varios países, estos cambios se vieron acompañados por la desregulación de los mercados laborales y por un retroceso del fomento de políticas de protección de la negociación colectiva y de las instituciones del mercado laboral. Estas políticas, junto con el aumento de la movilidad del capital, han debilitado el poder de negociación de los trabajadores y sus representantes. El modelo de las cadenas de suministro mundiales se basa en salarios bajos, trabajo inseguro y, a menudo, peligroso.

Los gobiernos deben garantizar la “diligencia debida” en las cadenas de suministro con procedimientos eficaces de reclamación para asegurar la reparación de las violaciones de los derechos humanos y laborales, tal como prescriben los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT. Las empresas deben respetar la libertad de asociación, pagar salarios dignos y respetar los derechos de negociación colectiva.

Un informe reciente del FMI confirma que “que la caída de la sindicalización se asocia fuertemente con el aumento de la participación en el ingreso del extremo más alto”, y añade que esto “alrededor de la mitad del aumento de 5 puntos porcentuales en la participación del 10% de mayor ingreso, y aproximadamente la mitad del alza del índice de Gini para el ingreso neto obedece a la desindicalización”.8

Además, cuando se trata de la financiación privada del desarrollo, la creación de empleo se presenta sistemáticamente como una importante contribución al desarrollo gracias a la participación del sector privado. Sin embargo, es muy difícil encontrar pruebas que sustenten esta suposición,9 por no hablar de la creación de “empleos dignos”. Para que esta contribución sea realidad, los gobiernos donantes deben aprobar criterios específicos referentes a la participación con los actores del sector privado. Estos criterios deben basarse en el respeto y la aplicación de la diligencia debida y de las normas internacionales del trabajo por parte del sector privado, así como en la evaluación del impacto de cualquier operación sobre el desarrollo socioeconómico y medioambiental a escala nacional. A este respecto, los instrumentos financieros innovadores como la “combinación de recursos” y las alianzas público-privadas (APP) se consideran muy a menudo como factores que favorecen los procesos de privatización, obstaculizan un mayor acceso a los servicios públicos y renuevan la ayuda vinculada.

Implementar una “transición justa” para lograr una economía baja en carbono y crear empleos verdes

La necesidad de pasar a métodos de producción respetuosos con el medio ambiente requiere una profunda transformación en la forma en que operan las economías y las industrias. Los cambios deben comenzar en el ámbito laboral.

La “transición justa” se basa en la premisa de un enfoque inclusivo que reúne a los trabajadores, las comunidades, los empleadores y los gobiernos en un diálogo social para impulsar los planes, las políticas y las inversiones concretos necesarios para una transformación rápida y justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Adopta un enfoque basado en los derechos para crear sistemas de protección social, proporcionar capacitación, redistribución, políticas de mercado laboral y desarrollo comunitario. Los gobiernos deben fortalecer su capacidad para aplicar medidas de “transición justa”.

Por último, el reto incipiente de la digitalización y el impacto de las nuevas tecnologías plantean problemas fundamentales10 —especialmente para los países en desarrollo— desde muchos puntos de vista, que van desde la aparición de nuevos tipos de empleo con sus propias formas de organización hasta la demanda de nuevas competencias en el mercado laboral.

Bibliografía

Comisión Europea (2013): Evidence on Demographic and Social Trends. Social Policies’ Contribution to Inclusion, Employment and the Economy. Bruselas.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9765&langId=en

OIT (2017): World Social Protection Report 2017/19. Ginebra. http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang–en/index.htm

OIT (2016): ILO Minimum Wage Policy Guide. Ginebra.
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—travail/documents/genericdocument/wcms_508566.pdf

OIT (2014): Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-15. Ginebra.
www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2014/lang–es/index.htm

CSI (2017): Social dialogue as a driver and governance instrument for sustainable development. Bruselas. www.ituc-csi.org/issue-paper-social-dialogue-development

CSI (2014): Informe Nuevos frentes, abril de 2014. Protección social: clave para una sociedad justa. Bruselas.
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_avril_2014_es_web.pdf

Jaumotte, Florencia/Osorio Buitron, Carolina (2015): El poder desde el pueblo. En: Finanzas y Desarrollo 52:1, marzo de 2015.
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/03/pdf/jaumotte.pdf

Ortiz, Isabel/Cummins, Matthew/Karunanethy, Kalaivani (2017): Fiscal Space for Social Protection and the SDGs: Options to expand social investments in 187 countries. Ginebra/Nueva York: OIT, UNICEF y ONU Mujeres.
www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537

TUAC (2017): Digitalisation and digital economy: trade union key messages. París.
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/1703t_tu_key_recommendations_digitalisation.pdf

Paola Simonetti es Directora Adjunta del Departamento de Política Económica y Social de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Notas:

1 CSI (2017).

2 OIT (2016).

3 Véase OIT (2017), pág. xxix.

4 Los cuatro pilares del piso de protección social son: 1) atención médica, incluida la atención de la maternidad; 2) ingresos básicos para los niños, proporcionando acceso a la nutrición, la educación y el cuidado; 3) ingresos básicos en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; 4) ingresos básicos para las personas mayores.

5 CSI (2014).

6 Véase, por ejemplo, Comisión Europea (2013).

7 Ortiz et al. (2017).

8       Jaumotte/Osorio Buitron (2015).

10 TUAC (2017).

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