2. Políticas que fortalecen el vínculo entre la alimentación, la salud, la ecología, el sustento y las identidades

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Por Stefano Prato, Sociedad para el Desarrollo Internacional, Elenita Daño y Trudi Zundel, Grupo ETC, Lim Li Ching y Chee Yoke Ling, Third World Network.

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La alimentación se encuentra en el centro del vínculo entre las identidades, la salud, la ecología y los medios de subsistencia, un espacio intrínseco en el que convergen diferentes dimensiones importantes de la vida. Sin embargo, los debates y deliberaciones políticos que repercuten en los alimentos y los sistemas alimentarios suelen ser fragmentados e incoherentes. Este capítulo explora la estrecha conexión entre estos diferentes ámbitos y ofrece caminos viables para situar la interacción virtuosa entre un sistema alimentario local sostenible y diversificado y una dieta saludable en el centro de la agenda de las políticas públicas. Se argumenta que recurrir a lo que se define como la Red Alimentaria Campesina es la estrategia más eficaz para abordar múltiples desafíos interrelacionados y ofrece propuestas de políticas concretas que pueden facilitar la transición a la agroecología y apoyar a los campesinos en la alimentación del mundo a través de un bucle de refuerzo entre la biodiversidad, la nutrición, la salud y los medios de subsistencia. Tal estrategia requiere esfuerzos significativos para “des-compartimentar” el enfoque político actual de lo que a menudo se aborda erróneamente como desafíos separados y romper los límites artificiales impuestos por los marcos institucionales que apoyan cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interrelacionados. Esto podría conducir a una nueva narrativa coherente y holística que pueda inspirar y guiar las profundas transformaciones previstas en la Agenda 2030.

Muchos desafíos, una raíz común

La alimentación se encuentra en el centro del vínculo entre las identidades, la salud, la ecología y los medios de subsistencia. Por tanto, representa intrínsecamente un espacio de convergencia entre las diferentes dimensiones importantes de la vida: cultural, social y económica. Sin embargo, los debates y deliberaciones políticos que repercuten en los alimentos y los sistemas alimentarios suelen ser fragmentados e incoherentes, a pesar de los objetivos ambiciosos e interrelacionados establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El panorama actual es profundamente preocupante. Según el Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, tras un prolongado declive, el número de personas con desnutrición crónica en el mundo aumentó de 777 millones en 2015 a 815 millones.1 El informe advierte claramente que la ambición de un mundo sin hambre ni malnutrición hasta 2030 sigue siendo un reto difícil. De hecho, demuestra inequívocamente que el número de personas con desnutrición crónica en el mundo ha aumentado, lo que indica un retroceso con respecto a la lenta pero constante reducción del pasado. Y lo que es aún más preocupante, el aumento del hambre no solo se debe al empeoramiento de los conflictos y a la reactivación de las hambrunas, sino también al aumento de los niveles de vulnerabilidad de todos los que siguen viviendo al margen de la sociedad. El derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuadas sigue sin cumplirse a gran escala.

Muchos están utilizando esta situación desesperada para promover la gran narrativa de alimentar al planeta aumentando la productividad agrícola y maximizando la producción. Desafortunadamente, no se trata en absoluto de eso. El mundo no solo produce suficientes alimentos para todos, dado que aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos se desperdician en la actualidad, sino que el problema del hambre no puede abordarse de forma aislada de otros problemas críticos: la desnutrición y la malnutrición persistentes, mientras que el sobrepeso y la obesidad avanzan a un ritmo elevado; la degradación del medio ambiente y la contaminación, que amenazan los fundamentos ecológicos de la vida y la base de recursos de los que depende el sector agropecuario;2 la pérdida de la biodiversidad, crítica para la resiliencia;3 las altas emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático;4 las desigualdades en el acceso a los alimentos; y las políticas que marginan a los pequeños productores de alimentos, sus prácticas y derechos.5

Estos y otros desafíos están estrechamente interrelacionados. Un informe reciente del Panel Internacional de Expertos sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) destaca que los sistemas alimentarios industriales están enfermando cada vez más a las personas y provocando masivos costos de salud pública (ver el Cuadro 2.1). De hecho, el sobrepeso y la obesidad infantiles están aumentando en la mayoría de las regiones, y en todas las regiones en el caso de los adultos.6 Se considera que la producción ganadera industrial es uno de los principales factores que contribuyen al alarmante incremento de los niveles de resistencia a los antibióticos. Muchos se refieren a las enfermedades no contagiosas relacionadas con la dieta como una pandemia emergente que está cambiando radicalmente la naturaleza de los desafíos de salud en la mayoría de los países y exponiendo las profundas limitaciones de una atención sanitaria basada en los seguros. Una vez más, la financiarización está ampliando la desconexión con la vida real y limitando el espacio normativo y fiscal del Estado; y el enfoque compartimentado que separa las políticas alimentarias y sanitarias deja en gran medida sin abordar el nexo entre estos dos ámbitos.

Nuestro planeta también está sufriendo. El sistema agrícola industrial dominante, con su intensificación de los insumos y los monocultivos de la Revolución Verde, ha permitido aumentar el rendimiento, pero ha supuesto un gran costo para el medio ambiente, así como para la salud humana y el bienestar de los animales. De hecho, la agricultura industrial es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, del agotamiento de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la reducción de la biodiversidad. Simplemente, no se puede abordar el desafío existencial del clima ni realinear la huella ecológica de la humanidad dentro de los límites planetarios sin redefinir de forma sostenible los sistemas alimentarios. Notablemente, existen alternativas concretas. En base a los datos bien establecidos de la FAO, un informe reciente del Grupo ETC subraya que los campesinos son los principales proveedores de alimentos de más del 70 por ciento de la población mundial, pero no emplean más del 25 por ciento de los recursos —incluida la tierra, el agua y los combustibles fósiles— utilizados para llevar los alimentos del mundo a la mesa.7 La cadena alimentaria industrial no solo emplea al menos el 75 por ciento de los recursos agrícolas del planeta, sino que por cada 1 USD que los consumidores pagan a los minoristas de la cadena, la sociedad paga otros 2 USD en daños a la salud y al medio ambiente. A pesar de esta realidad, las falsas soluciones bajo títulos cautivadores, como “intensificación sostenible” y “agricultura climáticamente inteligente”, siguen recibiendo la mayor parte de la atención de los políticos y de los recursos públicos.

Pero el problema no es solo una cuestión de riesgos para la salud y de eficiencia de los recursos; es fundamentalmente una cuestión de identidades y medios de vida. La expansión vertiginosa de los sistemas alimentarios mundiales, con sus asombrosos niveles de concentración empresarial y sus cadenas mundiales de “apropiación de valor”, está exprimiendo cada vez más la producción de alimentos a pequeña y mediana escala, que no solo alimenta, sino que también ofrece medios de vida, empleo e ingresos tanto a las comunidades rurales como a las urbanas. Y el sistema alimentario mundial también está promoviendo la homogeneización de los hábitos alimentarios en todo el mundo, con profundos desafíos para las identidades, las tradiciones y el patrimonio cultural.

Para complicar las cosas, los alimentos se han convertido en el dominio de profundas revoluciones tecnológicas, que han llevado a una creciente homogeneización, mercantilización, desmaterialización, deshumanización y financiarización de los alimentos. El espejismo de las soluciones tecnológicas genera a menudo una falsa sensación de comodidad que resta importancia a los cambios transformadores que se deben afrontar tanto en la producción como en el consumo. Y la tecnología es también el principal instrumento para la concentración del poder económico en los conglomerados globales y el despojo de recursos a las comunidades locales.

La Agenda 2030 puede proporcionar oportunidades clave para conectar todos estos puntos y situar los sistemas alimentarios locales sostenibles y las dietas saludables en el centro de la agenda pública. Sin embargo, esto requiere esfuerzos significativos para “des-compartimentar” el enfoque político actual de lo que se aborda erróneamente como desafíos separados y romper los límites artificiales impuestos por los marcos institucionales que apoyan cada uno de los objetivos afines interrelacionados.

Las cosas en su sitio: La Red Alimentaria Campesina alimenta al mundo y protege el planeta

La fase inicial de aplicación de la Agenda 2030 ha estado dominada por una angustiosa narrativa sobre la necesidad urgente de movilizar el compromiso, las inversiones y los recursos del sector privado, tal como se articula en el análisis del ODS 2 en el Informe “Spotlight 2017”.8 En este contexto, a menudo se nos dice que los grandes agronegocios son la única solución para el hambre generalizada, la malnutrición y el rápido cambio climático al que se enfrenta el mundo en la actualidad; que necesitamos sus innovaciones tecnológicas, su influencia financiera y sus cadenas de suministro globales para alimentar al mundo. Sin embargo, existe una historia diferente: de hecho, la piedra angular de la seguridad alimentaria es una red diversa de pequeños productores. El informe del Grupo ETC sintetiza la investigación sobre sistemas alimentarios para contar esta “historia de dos sistemas alimentarios” comparando la Red Alimentaria Campesina y la Cadena Alimentaria Industrial.9

La Red Alimentaria Campesina (la Red) está formada por pequeños productores que comprenden agricultores, ganaderos, pastores, cazadores, recolectores, pescadores y productores urbanos o periurbanos. A menudo, estas unidades de producción son familias o están dirigidas por mujeres, y las personas del campo son frecuentemente tanto agricultores como pescadores, o bien compaginan el cultivo de alimentos con el trabajo urbano o la mano de obra agrícola durante todo el año o parte de él. Ningún término único puede describir la variedad de pueblos y medios de vida en la Red Alimentaria Campesina. La Cadena Alimentaria Industrial (la Cadena) se refiere a la secuencia lineal de eslabones que van desde los insumos de producción (semillas, productos químicos, fertilizantes) hasta los consumidores (minoristas de comestibles, distribuidores de alimentos, etc.). También puede llamarse sistema alimentario corporativo, agroalimentario industrial o alimentos comerciales. La Cadena —y su poder desproporcionado sobre las políticas y regulaciones alimentarias— está estrechamente relacionada con el actual sistema de comercio capitalista global.

La Red es una fuente clave de alimentos para el 70 por ciento de la población mundial (de 4,5 a 5,5 mil millones), incluyendo a casi todos los 3,5 mil millones de habitantes rurales en el Sur global, y a muchos en el Norte, a mil millones de productores urbanos de alimentos, a 800 millones de pescadores o personas que dependen de la pesca a pequeña escala, y a cientos de millones que recurren a la Red en tiempos de escasez. En términos de producción de alimentos, la Red también produce hasta el 70 por ciento de los alimentos disponibles en el mundo (en calorías y peso).

Dadas estas estadísticas, ¿adónde va a parar toda la comida de la Cadena? Aunque la Cadena produce muchos productos agrícolas, la mayoría de ellos no llegan a la gente: el 44 por ciento de las calorías de los cultivos se consumen por las ineficiencias de la producción cárnica industrial, el 9 por ciento se destina a biocombustibles o productos no alimentarios, el 15 por ciento se desperdicia en transporte, almacenamiento y procesamiento, y el 8 por ciento se desperdicia en los hogares. En total, el 76% se desaprovecha o desvía. Si se va más allá y se observa qué parte de la producción de la Cadena está alimentando de verdad a la gente, el porcentaje de desperdicio crece: según algunas estimaciones, una cuarta parte de los alimentos que consume la gente son consumidos en exceso. La Cadena no solo es derrochadora, sino también costosa. La investigación del Grupo ETC muestra que si incluimos los daños ambientales, sociales y de salud que causa, la Cadena cuesta 12,37 billones de USD al año, y que cada dólar gastado en alimentos industriales causa dos dólares de daños. La diversidad es importante para la resiliencia social y ambiental, especialmente bajo la volatilidad climática del futuro. A través de los cultivos, la ganadería y la pesca, la Red nutre la diversidad, mientras que el modelo de producción de la Cadena favorece la uniformidad. La gente del campo, en su mayoría, mujeres que se dedican a la selección y mejoramiento de semillas, han criado 2,1 millones de variedades de 7.000 especies de cultivos, mientras que la Cadena tiene solo 0,1 millones de variedades de semillas bajo control monopólico (el 56% de ellas son ornamentales). Los fitomejoradores comerciales trabajan con solo 137 especies y 16 de ellas representan el 86 por ciento de la producción mundial de alimentos; el 45 por ciento de todos los recursos privados de I+D se destinan a un solo cultivo: el maíz. La historia es la misma en el caso del ganado y del pescado. Las campesinas han domesticado al menos 34 especies de ganado y alimentado a más de 8.700 razas exóticas de esas especies, mientras que la Cadena cría principalmente cinco especies de ganado (vacuno, avícola, porcino, ovino y caprino) y menos de 100 razas comerciales. Esta extrema uniformidad genética ha causado el aumento de las enfermedades zoonóticas, con el 60 por ciento de todas las enfermedades infecciosas humanas transmitidas a través de animales domésticos, como la gripe aviar. Las personas del campo capturan 15.000 especies de agua dulce y 20.000 especies marinas, mientras que la Cadena pesca 1.600 especies marinas y cría otras 500, pero el 40 por ciento de la captura marina industrial está compuesta por solo 23 especies. A pesar de la disponibilidad de miles de especies marinas, la Cadena centra sus esfuerzos de I+D en 25 especies acuáticas.

La Cadena no solo ignora la importancia de la diversidad en su propio desarrollo agrícola y ganadero, sino que su daño ambiental y social también está degradando la diversidad para el resto de nosotros. La Cadena utiliza más del 75 por ciento de la tierra agrícola, destruye 75 mil millones de toneladas de tierra vegetal anualmente y emplea pesticidas amenazando a polinizadores vitales, insectos amigables y microbios del suelo. Su control sobre las políticas agrícolas y alimentarias se traduce en leyes restrictivas que niegan a los campesinos el derecho a compartir y utilizar su propia diversidad de semillas. La Cadena también es responsable del hecho de que el 91 por ciento de las poblaciones de peces oceánicos están sobreexplotadas o han alcanzado un nivel máximo de explotación y, al mismo tiempo, ha habido una disminución del 39 por ciento en las poblaciones marinas y una asombrosa caída del 76 por ciento en la cosecha de especies de agua dulce desde la década de los 70. Alrededor del 25 por ciento de la captura marina de la Cadena, con un valor de entre 10.000 y 24.000 millones de USD anuales, es ilegal y no se declara, y al menos 50.000 millones de USD se pierden anualmente a causa de la mala gestión de las pesquerías.

Como consecuencia del masivo declive de las especies de cultivos y de la diversidad genética, existe una disminución del 5 al 40 por ciento en las cualidades nutricionales de las variedades criadas comercialmente, dependiendo de la especie. El agotamiento de las poblaciones de peces del mundo y la dependencia de un puñado de especies acuícolas comerciales tienen graves repercusiones nutricionales en más de 3.000 millones de personas que obtienen el 20% de su proteína del pescado y los mariscos. Debido a los subsidios, la Cadena produce más de lo que se necesita para una nutrición saludable, junto con una gran cantidad de alimentos poco saludables, lo que contribuye significativamente a que el 30 por ciento del mundo sea obeso o tenga sobrepeso, más que el número de personas hambrientas.

En términos del impacto climático, la Cadena es responsable de al menos el 90 por ciento del uso de combustibles fósiles en el sector agropecuario y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como del 3 al 5 por ciento del suministro anual de gas natural destinado a la fabricación de fertilizantes sintéticos. La Red utiliza una novena parte de la energía de la Cadena por kilogramo de arroz, y un tercio por kilogramo de maíz. El sector agropecuario representa el 70 por ciento de las extracciones de agua dulce del mundo, y un tercio de los acuíferos están en peligro; la Cadena emplea la mayor parte del agua en irrigación, ganadería y procesamiento. Por ejemplo, la huella hídrica de Coca-Cola, por su uso directo e indirecto, podría satisfacer las necesidades de 2.000 millones de personas. Las prácticas agroecológicas y orgánicas de almacenamiento de agua pluvial y rotación de cultivos utilizadas en la Red reducen las necesidades de riego en un 50 y un 20 por ciento, respectivamente.

Los antecedentes sociales y de derechos humanos de la Red y de la Cadena son igualmente esclarecedores. La agricultura, la pesca y el pastoreo proporcionan más de 2.600 millones de medios de subsistencia en todo el mundo. La Red nutre y celebra diferentes formas de conocer y entender esta diversidad como crítica para el sector agropecuario y la sostenibilidad. Las violaciones de los derechos humanos de la Cadena van desde el desplazamiento de los pequeños agricultores a la exposición de los trabajadores agrícolas a los riesgos para la salud derivados de los duros entornos de trabajo, los productos agroquímicos y la maquinaria agrícola, hasta el desplazamiento de la mano de obra agrícola con aviones no tripulados y procesos automatizados. La Cadena es culpable de la esclavitud moderna en sus plantaciones y explota a cerca de 100 millones de niños trabajadores, incluyendo las plantaciones de aceite de palma y caña de azúcar en India y Filipinas, así como las plantaciones de cacao en África Occidental. La violencia contra los campesinos y los trabajadores está aumentando a medida que las personas son expulsadas de sus tierras y criminalizadas o asesinadas por guardar sus semillas y alimentar a sus familias.

Los defensores de los sistemas agrícolas industrializados a menudo apuntan a la innovación como la gran baza de la Cadena; sin sus cuantiosos presupuestos de I+D, ¿cómo vamos a encontrar soluciones tecnológicas para el cambio climático? Sin embargo, cuando los campesinos pueden compartir e intercambiar semillas y conocimientos libremente, pueden adaptarse muy rápidamente a los diversos entornos de cultivo. Por ejemplo, los campesinos de Papúa Nueva Guinea adaptaron los boniatos a través de 600 culturas y paisajes, desde los manglares hasta las cimas montañosas, en un siglo (impresionantemente rápido dado que ocurrió antes del transporte y las comunicaciones modernas).

Dadas las ineficiencias de la Cadena y los daños sociales y ambientales, es evidente que no puede intensificarse para alimentar con éxito a la humanidad y al planeta. Recurrir a la Red Alimentaria Campesina es la opción más segura para abordar los desafíos interrelacionados de identidad, medios de vida, salud y ecología a los que se ven expuestos los sistemas alimentarios.

La agroecología y la soberanía alimentaria apuntan al cambio de paradigmas para transformar los sistemas alimentarios

Por importante que sea, desplazar el centro de gravedad de las políticas públicas y las inversiones en favor de los campesinos no es suficiente para reorientar los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad. Cada vez se reconoce más la necesidad de un cambio de paradigmas hacia sistemas agroecológicos diversificados.10

La agroecología se basa en un enfoque holístico y sistémico. Tiene dimensiones técnicas, sociales, económicas, culturales, espirituales y políticas. Combina principios científicos ecológicos con siglos de conocimiento y experiencia campesina y los aplica al diseño y a la gestión de agroecosistemas holísticos.11 Sus prácticas están adaptadas localmente y diversifican las granjas y los paisajes agrícolas, aumentan la biodiversidad, nutren la salud del suelo y estimulan las interacciones entre las diferentes especies, de manera que la granja se encarga de su propia materia orgánica del suelo, la regulación de plagas y el control de malezas, sin recurrir a productos químicos externos. La agroecología ha demostrado sistemáticamente su capacidad para aumentar de manera sostenible la productividad, garantizar una nutrición adecuada a través de una dieta diversa y tiene un potencial mucho mayor para luchar contra el hambre y la pobreza.12 Las pruebas son particularmente sólidas en cuanto a su capacidad para obtener un rendimiento sólido y estable mediante la creación de resiliencia ambiental y climática.13 La soberanía alimentaria y la agroecología promueven sistemas alimentarios más localizados centrados en la entidades de productores locales de alimentos, ofreciendo así una alternativa concreta al sistema agroalimentario industrial dominado en gran medida por las grandes empresas.14 Mientras que la agroecología se basa en las ciencias sociales, biológicas y agrícolas, el conocimiento, las experiencias y las prácticas de los campesinos son la base de la agroecología como ciencia. Por tanto, las técnicas agroecológicas no se aplican de arriba hacia abajo, como ha venido siendo el pilar de las tecnologías agrícolas en el pasado, sino que se desarrollan sobre la base del conocimiento y la experimentación de los campesinos y a través de enfoques participativos entre agricultores e investigadores.

Por tanto, la agroecología no consiste simplemente en cambiar las prácticas agrícolas y hacerlas más sostenibles, si bien esto es importante, sino también en crear paisajes agrícolas y medios de subsistencia fundamentalmente diferentes y reinventar radicalmente sistemas alimentarios diversificados, resistentes, saludables, equitativos y socialmente justos. En este sentido, la agroecología es una ciencia, una práctica y una visión fundamental para una sociedad inclusiva, justa y sostenible.15

Los desafíos a los que se enfrentan el sector agropecuario y los sistemas alimentarios se perpetúan generalmente en círculos viciosos que actúan para bloquear el modelo industrial dominante a través de una serie de potentes circuitos de retroalimentación que se extienden más allá del mundo de la agricultura: los incentivos actuales mantienen a los productores (y consumidores) encerrados en las estructuras y lógicas del modelo industrial insostenible, a la vez que bloquean las reformas necesarias.16

La concentración de poder por unas pocas multinacionales refuerza el bloqueo dentro de sistemas alimentarios insostenibles. El poder desproporcionado que ejercen estas corporaciones determina lo que cultivamos, dónde y cómo lo cultivamos, qué compramos, qué comemos y cuánto pagamos por ello. Se está llevando a cabo una consolidación sin precedentes en las industrias de semillas, agroquímicos, fertilizantes, genética animal y maquinaria agrícola, mientras que cada vez existen más actores que dominan los sectores de procesamiento y venta al por menor, como resultado de una importante reestructuración horizontal y vertical en todos los sistemas alimentarios.17 Estos altos niveles de concentración refuerzan el modelo agroalimentario industrial, exacerbando sus efectos sociales y ambientales y profundizando los desequilibrios de poder existentes.

Por tanto, se necesita una transición sistémica que reajuste los incentivos y empodere a campesinas y campesinos para que se liberen del yugo de la agricultura industrial, permitiendo al mismo tiempo que surjan nuevos sistemas alimentarios con nuevas infraestructuras y nuevos relaciones de poder. La clave consiste en establecer prioridades políticas, es decir: apoyar el desarrollo de sistemas alternativos basados en lógicas fundamentalmente diferentes centradas en la agroecología y que, con el tiempo, generen relaciones de poder más equitativas. Los gobiernos han de desempeñar un papel esencial y, en última instancia, deben redirigir todo el apoyo público de los sistemas de producción industrial a los sistemas agroecológicos diversificados y a los resultados positivos que generan. Al mismo tiempo, es necesario abordar las causas fundamentales de la consolidación del sistema alimentario, entre otras cosas, mediante una normativa antimonopolio y leyes o políticas de competencia (véase el Capítulo 1).

Los cambios de política para apoyar a los campesinos en la alimentación del mundo

Con las políticas adecuadas, los derechos a la tierra y las estrategias agroecológicas dirigidas por los campesinos se podría duplicar o incluso triplicar el empleo rural,18 reducir sustancialmente la presión para la migración urbana,19 mejorar significativamente la disponibilidad de alimentos y la calidad nutricional, y eliminar el hambre, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario en más de un 90 por ciento.20 Para que los miles de millones de personas del campo continúen alimentándose a sí mismos y a la mayor parte del mundo, deben eliminarse las barreras institucionales y políticas, y adoptarse las siguientes vías de acción simultáneas:

1. Fortalecer el papel de las organizaciones de productores en la formulación de políticas y crear espacios políticos inclusivos, interdisciplinarios y basados en los derechos, con sólidas salvaguardias contra los conflictos de intereses.

En primer lugar, es esencial que las políticas y los programas públicos que inciden en el vínculo entre la alimentación, la salud y la ecología se definan con la participación estructurada y efectiva de las organizaciones de pequeños productores, como principales contribuyentes a la seguridad alimentaria, y otros grupos de titulares de derechos integrados por todos los más afectados por los problemas de desarrollo afines. Esto requiere el pleno reconocimiento de los movimientos sociales y las organizaciones de productores como interlocutores gubernamentales clave en dichos procesos políticos, así como iniciativas públicas adecuadas que faciliten su fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Es igualmente esencial volver a articular los espacios públicos para asegurar el análisis interdisciplinario y el diseño de políticas a anteriori, en lugar de la coordinación a posteriori entre las políticas de alimentación, salud, medio ambiente y otras políticas relevantes. Por último, pero lo más importante, estas instituciones deben estar firmemente centradas en el marco de los derechos humanos, incluido el derecho a una alimentación y una nutrición adecuadas, y protegidas por sólidas salvaguardias contra los conflictos de intereses, en términos de integridad del proceso de formulación de políticas, fiabilidad de la base de conocimientos y financiación pública adecuada.

2. Garantizar la reforma agraria, incluido el derecho a los territorios (tierra, agua, bosques, pesca, alimentación y caza).

El reconocimiento del derecho de mujeres y varones del campo, pequeños agricultores, pescadores, pastores y pueblos indígenas a la tierra y a otros recursos productivos es un pilar fundamental para garantizar que sigan alimentando a sus familias y a la mayor parte del planeta. La reforma agraria ha reducido la pobreza y aumentado el ingreso per cápita de los beneficiarios en muchos países,21 y ha tenido efectos positivos sobre la salud, la educación y el desarrollo económico en general.22 El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a su dominio ancestral es una condición previa para que puedan mantener las prácticas agroecológicas. Deben adoptarse reformas acuáticas que beneficien, brinden protección social y reconozcan los derechos de pesca de los pescadores artesanales. El reconocimiento de los derechos a los recursos productivos debe complementarse con un apoyo integral y servicios sociales a las personas del campo con prioridades determinadas por ellas. Una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, que se está debatiendo en un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,23 puede constituir un excelente paso en esta dirección, ampliando el marco normativo basado en los derechos que ofrecen las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (véase el “Spotlight” sobre el ODS 2).24

3. Restablecer el derecho a guardar, plantar, intercambiar, vender y criar libremente semillas y ganado, y eliminar los reglamentos que bloquean los mercados locales y la diversidad.

El intercambio y la conservación de semillas y razas entre los campesinos y las comunidades agrícolas a través de las generaciones es el fundamento de la vasta diversidad genética de los cultivos y el ganado que sirve de base para el sector agropecuario, la alimentación y la nutrición mundiales. Los derechos de propiedad sobre las semillas a través de las patentes, la protección de las variedades vegetales y los derechos de los fitomejoradores impiden el libre acceso de los campesinos al material genético que necesitan para producir alimentos. Deben respetarse los derechos de los campesinos a guardar, plantar, intercambiar, cultivar y vender libremente semillas y ganado, eliminando todos los impedimentos legales e institucionales para ejercer esos derechos. La estandarización de las regulaciones regionales y globales sobre semillas margina las semillas y razas campesinas y afecta negativamente los intercambios intercomunitarios así como el intercambio de material genético. La certificación de semillas basada en normas comerciales de distintividad, uniformidad y estabilidad (o DUS, por sus siglas en inglés) bloquea las semillas de los campesinos de los mercados locales, elimina las oportunidades de ingresos adicionales e inhibe la innovación de los recursos genéticos en las granjas. Deberían revisarse las reglamentaciones y normas sobre semillas y eliminarse las que son intrínsecamente contrarias a las semillas y razas campesinas, a fin de fomentar el crecimiento de los mercados locales, potenciar la innovación en las explotaciones agrícolas, apoyar los sistemas informales de suministro de semillas y promover la diversidad.

4. Orientar las políticas públicas y las inversiones hacia el fortalecimiento de los mercados territoriales25

Los mercados territoriales son el núcleo de los sistemas alimentarios nacionales. Estos mercados “invisibles” pueden ser informales, formales o intermedios, pero son aquellos por los que transita la mayoría de los alimentos. Sin embargo, han sido ignorados en gran parte por las políticas e inversiones públicas. Estos mercados son inclusivos y diversificados, y desempeñan múltiples funciones económicas, sociales, culturales y ecológicas dentro de sus territorios, comenzando por el suministro de alimentos, aunque no exclusivamente. Contribuyen a estructurar la economía territorial, ya que permiten retener, redistribuir y devolver a las economías agrarias y locales una parte mayor de la riqueza creada. Incluyen sistemas de gobernanza integrados y ofrecen la plataforma donde tienen lugar las relaciones políticas, sociales y culturales, y donde todas las partes interesadas interactúan de acuerdo con diferentes grados de interdependencia y solidaridad.

Es urgente que los gobiernos empleen las políticas e inversiones públicas para apoyar estos mercados, tanto fortaleciéndolos donde ya existen como estableciendo nuevos espacios donde puedan arraigarse y florecer. Las recomendaciones de política del CFS sobre “Conectar a los pequeños agricultores con los mercados” constituyen un paso importante en esta dirección, ya que abordan las políticas de fijación de precios, las contrataciones públicas, las directrices dietéticas para promover productos locales frescos y mantener el vínculo entre los consumidores y la fuente de producción de alimentos, la normativa de inocuidad adaptada a los diferentes contextos, escalas, modos de producción y comercialización, así como el crédito y la infraestructura apropiados, entre otras cosas. Las recomendaciones destacan, en particular, el papel clave que pueden desempeñar los gobiernos garantizando que la contratación pública de alimentos y productos agrícolas provenga de fuentes agroecológicas y locales. La compra de alimentos producidos agroecológicamente para comedores escolares, hospitales y otras instituciones públicas ayudaría a asegurar que los campesinos dispongan de puntos de venta y, al mismo tiempo, a proporcionar alimentos frescos, nutritivos y diversos.

Es esencial basarse en estas recomendaciones y desarrollar políticas coherentes y marcos de inversión a nivel nacional y regional.

5. Reorientar las actividades públicas de I+D para para fomentar una entidad de pequeños productores y responder a sus necesidades.

Como instituciones financiadas con fondos públicos que están más cerca de las realidades de la gente del campo, los centros nacionales de investigación agrícola necesitan reorientarse para apoyar y responder a las necesidades y prioridades campesinas. Sin embargo, es esencial que las innovaciones agroecológicas se hayan desarrollado in situ con la participación de los agricultores entre pares o de forma horizontal (y no de arriba abajo). Por tanto, los campesinos no son meramente productores de alimentos o receptores de tecnología, sino más bien innovadores y co-creadores de conocimiento. Este intercambio horizontal de ideas e innovaciones entre los agricultores y con los movimientos sociales ha facilitado la difusión de la agroecología y debería contar con el apoyo de los gobiernos, la sociedad civil, los donantes y los investigadores. Al mismo tiempo, la participación directa de campesinas y campesinos en la formulación de la agenda de investigación y su participación activa en el proceso de innovación y difusión tecnológica es clave. Los agricultores deberían integrarse en los sistemas de I+D, se les deberían dar herramientas para realizar su propia investigación en la granja y se debería fortalecer su capacidad para compartir sus conocimientos con otros agricultores en redes “de agricultor a agricultor”. Las prioridades de investigación deben identificarse de manera participativa, permitiendo a los agricultores desempeñar un papel central en la definición de las prioridades estratégicas de la investigación agrícola.

6. Establecer reglas de comercio justas y equitativas, determinadas por políticas lideradas por los campesinos

Las actuales reglas del comercio mundial, plasmadas en políticas comerciales unilaterales y más aún en acuerdos bilaterales, plurilaterales o multilaterales de comercio e inversión, generalmente favorecen a la cadena alimentaria industrial y a las grandes corporaciones a través de subsidios, normas y regulaciones que están sesgadas en contra de la agroecología campesina. A fin de proporcionar acceso a alimentos baratos a los consumidores, estas regulaciones pretenden desmantelar —tanto a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como más agresivamente a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC)— los aranceles de importación que son esenciales para proteger la producción agrícola nacional y la subsistencia campesina, en particular, en los países en desarrollo. Al mismo tiempo, persisten las normas injustas, no equitativas e irracionales de la OMC sobre los subsidios agrícolas, lo que permite a las economías desarrolladas subvencionar los agronegocios y, al mismo tiempo, impide que los países en desarrollo puedan apoyar su sector agrícola y campesino. Si bien las recientes amenazas de Estados Unidos a la OMC como plataforma multilateral son preocupantes, los actuales sistemas multilaterales de comercio solo pueden desarrollarse si se reforman para introducir normas comerciales agrícolas que garanticen la equidad y los beneficios para los países en desarrollo y sus campesinos. Por tanto, la agenda de reforma de la OMC debe avanzar en el sentido totalmente opuesto de lo que pretende el actual Gobierno de EE. UU., que en última instancia son más beneficios unilaterales para sí mismo y para sus grandes empresas. Además, el comercio solo puede ser justo y equitativo si las reglas están determinadas por paradigmas orientados a las personas del campo y políticas dirigidas por ellas. Así, la participación activa de los campesinos en el desarrollo de las políticas comerciales debería ser parte integrante del proceso de toma de decisiones.

7. Establecer salarios y condiciones de trabajo justos para los trabajadores agrícolas y de la alimentación, abordando también la discriminación de género.

Los trabajadores agrícolas representan el pilar central del sistema mundial de producción de alimentos y, sin embargo, son los que tienen un menor grado de afiliación sindical, menos acceso a la seguridad y protección social, los más vulnerables socialmente y los que trabajan en las peores condiciones de salud, seguridad y medio ambiente.26 Muchos reciben salarios que están por debajo de la tasa mínima nacional y a menudo son inadecuados para asegurar condiciones de vida dignas para ellos y sus familias. A algunos incluso se les paga en especie o a destajo en función de su productividad. Constituyen alrededor del 40 por ciento del total de la mano de obra agrícola y, sin embargo, son generalmente invisibles en los programas y políticas dirigidos a los agricultores cuyas condiciones y circunstancias son diferentes. Sus trabajos son los más precarios con la introducción de la automatización, los robots y los drones en plantaciones industriales y granjas comerciales. Los trabajadores de las industrias transformadoras de la cadena alimentaria industrial, como hoteles y restaurantes, se enfrentan a una situación similar. Entre ellos, las mujeres tienden a ser discriminadas aún más y a menudo se dedican a trabajos mucho más inseguros, peligrosos, mal pagados y vulnerables a la explotación sexual. La dotación de salarios justos, condiciones de trabajo decentes y protección social para los trabajadores agrícolas y de la alimentación es un componente clave de cualquier estrategia de apoyo a la agroecología dirigida por los campesinos.

8. Reafirmar y hacer realidad los derechos de la mujer a la vez que se persigue la igualdad de género27

A pesar de su papel esencial y central, las mujeres son mayoritariamente invisibles en el sector agropecuario y a menudo no son reconocidas como “agricultoras” por sus familias, los agricultores varones, las comunidades locales o el Estado. Las mujeres y las niñas se enfrentan a la discriminación, la violencia, la explotación sexual y las limitaciones sociales, culturales y jurídicas por motivos de género y se las margina sistemáticamente en lo que respecta al control de los recursos, el acceso a los servicios sociales y las oportunidades de empleo. Además, las mujeres tienen la carga adicional del trabajo de cuidado sanitario no remunerado: las mujeres que viven en zonas rurales trabajan hasta 10 horas al día cuidando a familiares y miembros de la comunidad. Aunque constituyen en promedio el 43 por ciento de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, también están marginadas de los ámbitos de toma de decisiones en todos los niveles, incluidos los hogares, las comunidades locales y los parlamentos nacionales. Por tanto, es esencial que los gobiernos den prioridad a la aplicación de la Recomendación General 34 (2016) del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sobre los derechos de las mujeres que viven en zonas rurales y promuevan aún más el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la búsqueda de la igualdad de género.

9. Reclamar dietas saludables y sostenibles como un bien público28

Los consumidores, considerados como personas con derechos y no como agentes de mercado con poder adquisitivo, tienen derecho a disponer de opciones alimentarias sanas, asequibles y accesibles, y a que se les proteja (especialmente a los niños) de la comercialización agresiva de alimentos y bebidas poco saludables que promueven las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, así como de la comercialización igualmente agresiva de sucedáneos de la leche materna. Los productos alimenticios y bebidas ultraprocesados a precios asequibles y promocionados de forma ubicua deben ser regulados a través de medidas económicas y legislativas (ver ODS 12). Las políticas fiscales deben incluir medidas que fomenten y faciliten el acceso a alimentos sanos, frescos y producidos localmente, como frutas, verduras y legumbres, reforzando el nexo entre los derechos de los consumidores y los de los pequeños productores locales de alimentos. Además, es necesario concienciar sobre la importancia fundamental de la lactancia materna como una de las intervenciones más rentables para reducir las enfermedades y muertes infantiles, al igual que el papel de las dietas saludables en la prevención de las enfermedades no transmisibles.

10. Reconocer el papel central de la acción ciudadana y promover la democracia alimentaria

No obstante, los procesos políticos pueden seguir siendo limitados, en la medida en que los cambios necesarios no avanzan lo suficiente o con la suficiente rapidez. Así, también es necesario reflexionar sobre la forma en que se formulan las políticas alimentarias, para que sean más inclusivas y animar a la gente a volver a comprometerse con las políticas alimentarias. En otras palabras, las personas deben cambiar su relación con los sistemas alimentarios de manera fundamental, para pasar de ser consumidores a ser ciudadanos.29 Los ejemplos de iniciativas de abajo arriba dirigidas por los ciudadanos son evidentes en todo el mundo, lo que incluye la agricultura apoyada por la comunidad, que permite a la gente respaldar a los agricultores locales mediante la participación en programas de comercialización directa entre productores y consumidores, estructuras cooperativas de comercialización y compra, así como programas de intercambio local (p. ej., a través de huertos comunitarias y escolares) y planes de comercio justo. A medida que los ciudadanos comienzan a moldear activamente el futuro de sus sistemas alimentarios y agrícolas, se reafirman como actores legítimos en las políticas que determinan los alimentos que consumen; esto es democracia alimentaria. Los órganos específicos, como los consejos de política alimentaria, establecidos a distintos niveles, desde el local o municipal hasta el nacional, pueden proporcionar una plataforma en la que las diversas partes interesadas se reúnan para analizar los sistemas alimentarios de los que dependen y elaborar propuestas de reforma. Existen ejemplos de estos consejos de política alimentaria muy habituales en Estados Unidos y Canadá desde la década de los 80 y, más recientemente, en el Reino Unido y otras partes de Europa. También se han institucionalizado en varios países de América Latina, en particular, en el Brasil.

Nuevos obstáculos para cambiar el sistema: la desmaterialización, la digitalización y la financiarización de los sistemas alimentarios

Desafortunadamente, la tecnología está empeorando las cosas, ya que el cambio de paradigma requerido apunta en el sentido contrario a los potentes motores tecnológicos de hoy. Tres dinámicas interrelacionadas —la desmaterialización, la digitalización y la financiarización— están transformando profundamente la naturaleza tanto de los bienes comercializables como de los mercados en los que se intercambian.30

La desmaterialización de los alimentos se refiere a un proceso que promueve una disminución de la materia física de los alimentos y un aumento del valor de mercado de sus dimensiones inmateriales. Esto sucede en dos niveles. El primero se refiere a la parte del valor de la materia física en la composición del precio de los alimentos. Tradicionalmente, esto se veía influido por los importantes márgenes de precios entre el sector agrícola y el minorista, es decir, la diferencia entre el precio al por menor y el valor agrícola de un determinado alimento, generado por los costos materiales e inmateriales que contribuyen a definir el precio de los alimentos, incluidos los costos de transporte, logística y distribución. Cada vez más, la proporción de dimensiones inmateriales es mayor que el valor real de los alimentos, desde el costo de la publicidad, las remuneraciones financieras a los inversionistas, el aumento vertiginoso de las ganancias de los grandes canales de distribución y los sofisticados intentos de utilizar las compras de alimentos para recopilar información sobre los consumidores. La segunda dimensión de la desmaterialización está relacionada con la moda y el gusto, donde el marketing agresivo y las nuevas modas alimentarias están generando una noción inmaterial de los alimentos que a menudo no está relacionada con sus cualidades físicas. Esto significa que podemos comprar productos similares a los huevos que en realidad no contienen huevo. A veces, estas tendencias se ven favorecidas por preocupaciones de salud descontextualizadas, en las que, incluso asumiendo que la preocupación por la salud sea legítima, la atención se pone en retener el consumo de un sabor reproducido artificialmente en lugar de promover dietas saludables y sostenibles. Algunos podrían argumentar que la comida siempre ha incluido dimensiones inmateriales, como las identidades, las culturas y las tradiciones, así como, más en general, le placer de consumir una comida deliciosa. La diferencia, sin embargo, radica en el cambio incipiente de estas dimensiones socioculturales, intrínsecamente públicas e inmateriales de los alimentos hacia convertirse en componentes con valor de mercado y, por tanto, intrínsecamente privados y comercializables (información sobre la elección del consumidor, publicidad, remuneración financiera a corredores y minoristas). La paradoja es la “elección” del mercado de alimentos cuya aceptabilidad y precio están fundamentalmente desvinculados de la producción física y cuyo sabor se asemeja a algo que quizás ni siquiera exista.

La digitalización de los alimentos hace referencia a un proceso de producción y comercialización de los alimentos cada vez más automatizado, deslocalizado e informatizado. Esto comienza a nivel de los insumos agrícolas, dedicando esfuerzos para hacer avanzar la infraestructura bioinformática que está transformando las semillas y otros materiales fitogenéticos en objetos digitalizados. Paradójicamente, mientras que este proceso podría haber sido iniciado por científicos genuinamente preocupados por salvaguardar la biodiversidad mediante la creación de material genético virtual que podría ser trasplantado a futuros territorios, ahora son las grandes multinacionales las que tienen el objetivo de patentar la naturaleza y adquirir el control del proceso de producción dominando el mercado de insumos agrícolas. Esto significa que las variedades vegetales están circulando por todo el mundo en forma de datos genéticos (patentados), mientras que el intercambio físico de semillas reales incluso resulta ilegal en algunos países.

A nivel de producción, los avances en automatización y robótica, la tecnología de drones y dispositivos de control remoto han hecho posible la deslocalización extrema de las actividades agrícolas no controladas por el hombre, por ejemplo, a través de soluciones robóticas controladas a distancia para la automatización de invernaderos. Las aplicaciones de servicios y de e-commerce para dispositivos móviles están transformando la industria alimentaria y del comercio al por menor permitiendo a los clientes realizar pedidos online en supermercados, comercios y restaurantes físicos para su entrega a domicilio. Están empezando a surgir nuevas aplicaciones que permiten a los clientes escanear el código de barras del producto que desean comprar, hacer pedidos a través de micrófonos integrados en sus teléfonos móviles o, simplemente, hacer clic en el botón de pequeños dispositivos asociados con alimentos específicos, incluso integrados por los fabricantes en el hardware de los electrodomésticos, para disponer de los productos directamente en la puerta del hogar. La noción del mercado como lugar físico donde la gente se reúne para la compraventa de mercancías, con todo el abanico de colores, tradiciones, conocimientos, negociaciones y transacciones, se considera más frecuentemente, gracias a la versión homogeneizadora de la modernidad de hoy, como una reminiscencia de un pasado arcaico.

La financiarización de los alimentos se refiere al papel cada vez más importante que desempeñan los mercados financieros dentro de los sistemas alimentarios y se desarrolla en dos niveles principales. El primero consiste en el significativo crecimiento en la compraventa de productos financieros vinculados a los alimentos básicos, con la consecuencia de que los mercados de futuros de alimentos sustituyen a los determinantes de la economía real como principales impulsores de los precios de los alimentos y su volatilidad. El segundo está relacionado con la transformación de los recursos agrícolas (principalmente la tierra, pero cada vez más las patentes sobre los recursos genéticos y las infraestructuras) en activos financieros que pueden ser objeto de adquisiciones y reventas en centros financieros que a menudo están completamente deslocalizados de sus ubicaciones físicas y son completamente independientes de su uso real. De hecho, la financiarización de la tierra facilitó el acaparamiento de tierras por parte de inversionistas (extranjeros) en formas que a menudo son completamente independientes de la producción agrícola.

Esta dinámica interrelacionada ha desplazado el poder de decisión lejos de los sistemas físicos de producción a favor de actores financieros a menudo desconocidos que se interesan principalmente por las operaciones previas más que por las actividades agrícolas reales. Por tanto, fueron ellos los que promovieron el acaparamiento de recursos, la intensificación de la producción, el aumento de la deslocalización de la producción de la distribución y la comercialización, y el crecimiento de los intermediarios como punto clave de agregación en la cadena alimentaria. Esto no solo ha incrementado la distancia entre los productores y los consumidores y ha facilitado el despojo de las comunidades de sus tierras y otros recursos, sino que también socava el poder de decisión efectivo de los espacios públicos locales y nacionales. Estos procesos viciosos han sido facilitados en gran medida por las medidas de liberalización del mercado que han promovido las instituciones financieras mundiales. Un perfecto ejemplo son los numerosos mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados incorporados en los acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que limitan de facto la capacidad de regulación de los Estados en aras del interés público y cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

El efecto combinado de esta dinámica crea obstáculos complejos y economías políticas profundamente arraigadas que pueden impedir el cambio de paradigmas hacia la agroecología. Estos procesos no solo contribuyen al despojo del conocimiento campesino y a su acceso seguro a los recursos, sino que, al ampliar la brecha entre productores y consumidores, facilitan la concentración del poder económico y político en manos de un nuevo grupo de actores remotos que dominan la información y los medios financieros. Esto aleja la lucha de clases de la tensión tradicional entre la mano de obra y la propiedad del capital físico, ya que los nuevos dueños de las desigualdades extremas no se dedican a la economía real, sino más bien a la esfera inmaterial de las finanzas y la información, eludiendo por completo la democrática rendición de cuentas.

Este callejón sin salida impone una reflexión sobre la ciencia y su responsabilidad ante los pueblos y sus comunidades. Es imperativo poner la ciencia al servicio de nuestros desafíos humanos, sociales y ecológicos, lo que exige una evaluación previa mucho más amplia de las necesidades de investigación y de la manera de garantizar que el conocimiento generado siga siendo un bien público y no una fuente de manipulación y despojo de los ciudadanos. Esto implica encontrar nuevas formas de someter la dirección de la investigación futura al escrutinio público y a la responsabilidad democrática.

El verdadero reto de los ODS es realinear el modelo de producción con el desarrollo sostenible.

Algunas de las conclusiones esbozadas en este capítulo apuntan a dinámicas fundamentales que pueden generalizarse más allá del ámbito alimentario. De hecho, un modelo de producción insostenible es el elemento central de muchos de los desafíos a los que responden los ODS. Desde el punto de vista de los beneficios, no es de extrañar que la ecuación de maximización del rendimiento haya llevado a las empresas a utilizar en exceso los recursos naturales a precios inferiores y a menudo libres de impuestos, y a minimizar la aportación de mano de obra, que a menudo resulta relativamente más costosa debido disposiciones fiscales y de seguridad social de un empleo. El costo relativo de los factores de producción también llevó a que la innovación tecnológica se centrara en la sustitución de la mano de obra y en estrategias de localización de la producción para emplear mano de obra barata, a menudo penalizando los derechos y las condiciones de los trabajadores. La aparición de la robótica y la inteligencia artificial está exacerbando el dilema de la producción y la distribución.

Otra dimensión de la insostenibilidad del modelo productivo está relacionada con las profundas externalidades que genera, por ejemplo, en términos medioambientales y de salud. Como ya se ha mencionado, por cada dólarque los consumidores pagan por los alimentos industriales, la sociedad debe sufragar dos dólares de costos relacionados con la salud y el medio ambiente. Al mismo tiempo, el impuesto corporativo sigue siendo insuficiente para compensar a las sociedades por estas externalidades negativas, también gracias al efecto combinado de la desregulación, la liberalización y la desfiscalización del capital, así como a las estrategias inteligentes de elusión del impuesto de sociedades que aprovechan las lagunas de los regímenes fiscales nacionales y concentran las ganancias en jurisdicciones favorables y paraísos fiscales. En pocas palabras, las altas ganancias a menudo corresponden a una significativa socialización de los riesgos y los costos para las sociedades.

La dimensión desafiante de esta situación es el hecho de que, en la mayoría de los casos, esto es perfectamente legal. De hecho, la brecha entre lo que es legalmente posible y lo que es sostenible nunca ha sido tan grande. Atrapados por la escasez de recursos y las profundas economías políticas, muchos gobiernos se volvieron extremadamente reacios a aplicar palancas políticas y legales hacia la regulación del mercado. La liberalización y la desregulación permitieron un proceso de concentración del poder económico sin precedentes, que llevó a la paradoja del mercado que el Estado quería potenciar, casi desapareciendo en algunos sectores.

Como lo demuestra la necesaria transformación de los sistemas alimentarios, el verdadero desafío de la agenda de desarrollo sostenible es, por tanto, de carácter político: la urgente necesidad de un cambio de paradigmas en el actual modelo de producción insostenible. Esta es una cuestión transversal que rara vez aparece en la compartimentación reemergente creada por la fragmentación de los ODS a pesar de la retórica de integración de la Agenda 2030. Además, los debates políticos suelen estar dominados por una euforia tecnológica tranquilizadora que genera la ilusión de una zona de confort en la que se espera que la ciencia encuentre soluciones para que desaparezca la desafiante necesidad de reajustes en la producción y el consumo. Y, por último, la llamada del Banco Mundial y de otras instituciones a movilizar billones de dólares de recursos privados para asegurar la aplicación de los ODS evoca la idea de que podríamos abordar estos problemas gastando más dinero.

La cruda realidad es que, si bien la tecnología y los recursos pueden ser de gran ayuda, el desafío fundamental consiste en idear políticas y reglamentos que reorienten progresiva pero inequívocamente el modelo de producción y lo reajusten a los imperativos del desarrollo sostenible. En una economía integrada a nivel mundial, ningún país por sí solo puede hacer avanzar en ese proceso de forma aislada, sino que se requiere un esfuerzo mundial concertado. La idea de que ese proceso puede tener lugar a través del propio interés racional de las empresas que elaboran directrices voluntarias no es más que un cuento de hadas que refleja la abdicación de la responsabilidad política por parte del Estado, así como el secuestro del aparato estatal por parte de poderosas élites económicas.

Algunos pueden considerar que todo esto es bastante utópico en el contexto geopolítico actual, dados los intentos de algunas administraciones de seguir inyectando altas dosis de esteroides en el ya hipermodelo de globalización económica. Pero ese es precisamente el reto de la Agenda 2030: restablecer la primacía de los pueblos y del planeta sobre nuestras economías y encontrar un nuevo equilibrio en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Esto no puede suceder si no se modifica el modelo de producción. También se requiere el rediseño o la creación de espacios legítimos de políticas institucionales que puedan abordar las raíces comunes de los diferentes desafíos del desarrollo, en lugar de seguir tratando los síntomas de los problemas en los compartimentos tradicionales.

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Stefano Prato es Director General de la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID), Trudi Zundel es Editora y Directora de Comunicaciones y Elenita (Neth) Daño es Co-Directora Ejecutiva del Grupo ETC, Lim Li Ching es Investigadora Senior y Chee Yoke Ling es Directora de Programas del Third World Network (TWN).

Notas:

1 FAO/IFAD/UNICEF/PMA/OMS (2017).

2 IAASTD (2009).

3 FAO (2010).

4 Smith et al. (2014).

5 FIDA (2013).

6 IPES-Food (2017a).

7 Grupo ETC (2017).

8 Prato (2017).

9 Véase Grupo ETC (2017).

10 Declaración de Nyéléni 2007 (https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf); IAASTD (2009); De Schutter (2010); UNCTAD (2013).

11 Gliessman (2014).

12 Altieri et al. (2012); UNCTAD (2013); FAO (2015).

13 IPES-Food (2016).

14 Altieri/Nicholls (2008).

15 Wezel/Bellon/Dore (2009).

16 IPES-Food (2016).

17 IPES-Food (2017b).

18 FAO (2013).

19 Suponiendo que el aumento proyectado de la migración no ocurra porque muchos campesinos aprovechan nuevas oportunidades y regresan a la agricultura.

20 Las proyecciones del Grupo ETC se basan en su comprensión de la capacidad de los campesinos para responder a incentivos positivos y a la eliminación de barreras.

21 Reyes (2002).

22 Balisacan (2007).

24 CFS (2012).

25 Este párrafo se basa en el informe del Mecanismo de la Sociedad Civil del CFS (2016).

26 Hurst (2007).

27 Esta sección está extraída de Wijeratna (2018).

28 Inspirado en la Declaración de la Visión sobre Nutrición del Grupo de Nutrición de la Sociedad Civil, presentada en la II Conferencia Internacional sobre Nutrición, Roma, Italia, en noviembre de 2014.

29 De Schutter (2017).

30 Esta sección se basa en el capítulo inicial del Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición 2018 (publicado próximamente).

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