Los gobiernos tienen tres opciones en cuanto a políticas: primero, pueden bloquear una o las tres fusiones actuales dentro de sus propias fronteras; segundo, pueden recurrir al CSA para que tome medidas en este asunto cuando se reúna en octubre de 2017; y, tercero, el CSA y la UNCTAD podrían trabajar en conjunto para desarrollar una convención de la ONU sobre competencia. ¿Es realmente posible un tratado tan provocativo como este?

Diversas industrias intentan influir en la agenda nacional y global de salud, descripta en el ODS 3 sobre salud y bienestar, en función de sus intereses comerciales. Algunas de ellas son: (1) las industrias que están en el negocio de fabricación o venta de productos de salud, como medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y suplementos de nutrición; (2) las industrias cuyos productos tienen efectos adversos directos en la salud, como tabaco, armas, alcohol, alimentos y bebidas, automóviles y productos químicos; y (3) las industrias que se benefician del aumento de los servicios de salud, como aquellas que se ocupan de seguros y tecnología de información y comunicación. Respecto de las dos primeras, dado su interés proactivo en una mayor venta de sus productos, su influencia puede derivar en arreglos técnicos sin tratar los determinantes sociales de la salud y poniendo obstáculos a las políticas para abordarlos. Respecto de la segunda, su interés defensivo consiste en desacelerar un enfoque integral hacia la atención médica, especialmente las estrategias de prevención, ya que cualquier intento de fomentar la salud pública tendría como resultado la regulación de sus prácticas empresariales. Promueven, en cambio, arreglos supuestamente rápidos con sus productos y servicios.

Necesitamos sistemas de protección social basados en la solidaridad y los riesgos compartidos, y creados a partir de negociaciones colectivas y diálogos sociales, estructuras democráticas y estrategias a largo plazo para combatir la pobreza y contrarrestar las desigualdades y la falta de equidad. La protección social universal es esencial para lograr la igualdad de género.

El ODS 4 y la meta 4.1 para garantizar que los jóvenes “terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita” hasta ahora se han reflejado principalmente en la movilización de sindicatos de docentes y organizaciones de la sociedad civil en contra de escuelas privadas “de bajo costo”, en especial aquellas administradas por la empresa Bridge International Academies, y en contra del apoyo que el Banco Mundial les proporciona a estos especuladores en educación. Sin embargo, esta es solo una de las dimensiones de la privatización y la comercialización que debemos investigar al analizar el cumplimiento del ODS 4.

La prestación privada de servicios de educación pública, en particular cuando estos servicios son gratuitos o de bajo costo, tiende a verse como algo muy sospechoso por parte del movimiento mundial por el derecho a la educación.