La Agenda 2030 incluye como ODS 9 el compromiso de “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La introducción de este objetivo en la Agenda 2030 es un logro para los países en desarrollo que varían considerablemente en términos de población, ingresos, tamaño y estructura económica, sistema político y cultura, pero comparten la característica común de un sector industrial subdesarrollado. Para implementar el ODS 9 se necesitan políticas industriales activas que tengan en cuenta aspectos de desigualdad y sostenibilidad.

Las asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura no son muy diferentes de las APP en general, ya que presentan los mismos problemas: los contratos son complicados, legalistas y rígidos; los costos de los préstamos para el sector privado suelen ser siempre más elevados que para el gobierno; en una situación de semimonopolio, existen varias oportunidades para “engañar al sistema” y así aumentar las ganancias; dejar que el sector privado asuma riesgos siempre tiene un costo adicional; los inversionistas privados muy rara vez se comprometen a aportar dinero a los países más pobres; las APP poseen costos ocultos (se estima que representan 10% del valor general) en concepto de pago a consultores, servicios bancarios, abogados y profesionales similares; no hay ningún tipo de eficacia inherente al sector privado; los contratos con el sector privado siempre traen consigo el potencial para la corrupción; el sector privado prefiere proteger su ventaja comercial por medio del ocultamiento; supervisar las APP durante el periodo de vigencia del contrato es sumamente complejo; y la lista continúa.

La reducción de la desigualdad es una de las promesas centrales del marco de los ODS que ha sido incorporada tanto como objetivo independiente (ODS 10), como bajo un compromiso transversal de “no dejar a nadie atrás”. Reducir la desigualdad requiere más recursos para invertir en bienes y servicios que permitan corregirla, al igual que una distribución más equitativa de los mismos. La tributación es una herramienta esencial para que los gobiernos alcancen estos dos objetivos; de ahí la inclusión de la política fiscal en la meta 10.4 (“Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”). Sin embargo, la evasión y elusión fiscal por parte de corporaciones bloquean estos dos canales esenciales para reducir la desigualdad.

Durante los últimos años, la economía de los Estados miembros de la Comunidad de África Oriental (CAO) ha crecido a pasos agigantados, y la región ha tenido un aumento de 6% anual en el PIB desde 2011. Estas tasas de crecimiento han sido proclamadas como la prueba de que la región finalmente ha realizado un cambio estructural en su economía y esto se considera un presagio de los grandes logros que vendrán. Además, el potencial que surge de los recientes descubrimientos de hidrocarburos y las industrias extractivas en general, así como la tan esperada renovación de la infraestructura ferroviaria, vial y portuaria, antes en ruinas, también han servido para impulsar el optimismo.

El ODS 11 propone “[l]ograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Este objetivo se enfoca principalmente en el derecho a una vivienda adecuada. La meta 11.1 compromete a los gobiernos, de aquí a 2030, “a asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados […]”. Las demás metas del ODS 11 parten de allí: mejorar los asentamientos informales, garantizar el acceso a un servicio de transporte que conecte las viviendas con los lugares de trabajo y los servicios sociales, garantizar la participación en la planificación y la gestión de asentamientos humanos y garantizar protección ante los efectos de los desastres naturales. Durante mucho tiempo, todos estos compromisos han sido reconocidos como obligaciones centrales de los Estados respecto del cumplimiento progresivo del derecho a una vivienda adecuada. El desafío más grande del cumplimiento de este derecho para 2030 es el dominio sin precedentes que imponen las empresas financieras en el sector inmobiliario.

El transporte urbano es un sector en el que los ámbitos industrial y político están muy conectados. El transporte público es un servicio fundamental del que dependen millones de personas en todo el mundo. Las autoridades públicas son actores fundamentales en este sector por su función de empleadores y como los encargados de la toma de decisiones. El sector posee una gran importancia estratégica en la vida económica y social de las ciudades.